La Cámara de Representantes de Uruguay sancionó ayer un proyecto de ley que reconoce la unión civil libre entre parejas del mismo sexo e iguala dentro de la normativa uruguaya los derechos de todas las parejas convivientes sin discriminar sobre su elección sexual. La iniciativa será tratada por el Senado en tres semanas y, de ser aprobada, Uruguay se convertirá en el primer país de América latina y sexto en el mundo –tras Bélgica, Holanda, España, Canadá y Sudáfrica– en contar con una figura que legaliza la relación entre parejas gays.

La sanción de la propuesta permitirá que las parejas del mismo sexo anoten su unión en un registro y accedan a los mismos beneficios sociales que gozan las parejas heterosexuales. La iniciativa, impulsada por el gobernante Frente Amplio, reconoce derechos y obligaciones para aquella “situación de hecho” en la que dos personas “cualquiera sea su sexo, identidad u orientación sexual” mantienen “una relación afectiva de índole sexual de carácter estable y sin estar unida por el matrimonio”.

“La idea es aprobarlo antes del 15 de diciembre, cuando finalicen las sesiones”, comentó a Página/12 la senadora Margarita Percovich, una de las impulsoras del proyecto, denominado de “unión concubinaria”.

Una vez reglamentada la norma, las parejas que convivan más de cinco años tendrán derechos y obligaciones concernientes a la asistencia recíproca, la creación de sociedad de bienes, los derechos sucesorios y el cobro de pensiones por fallecimientos, entre otros.

En ese sentido, el artículo 20 dispone que las “concubinas y concubinos gozarán de todos los derechos y obligaciones de la seguridad social”. Edgardo Ortuño, diputado del Frente Amplio, aseguró que el proyecto se convertirá en ley, “porque da cuenta de un nuevo impulso en legislación social promovida” por el gobierno de Tabaré Vázquez.

“Las uniones homosexuales pasarán a tener los mismos derechos y obligaciones que los matrimonios heterosexuales con respecto a las pensiones, la guarda de los hijos en común, la compra y la sucesión de bienes”, explicó Percovich.

Sin embargo, las parejas del mismo sexo no podrán adoptar legalmente niños. Este había sido uno de los cuestionamientos de las organizaciones que defienden los derechos de los gays y lesbianas a la iniciativa. “Si se reconocía el derecho de las parejas homosexuales a adoptar, el proyecto nunca a iba a ser tratado y aprobado en el Parlamento. Sin embargo, tuvimos en cuenta que el Código de la Niñez y la Adolescencia permite a las solteros y los solteras adoptar sin dificultades. Pero si una pareja del mismo sexo se presenta a solicitar una adopción puede tener problemas para lograrlo, porque en ese caso dependería de los valores del juez”, analizó y reconoció la senadora Percovich.

Excepto en Bélgica, en los demás países que aprobaron en los últimos nueve años normas que reconocen los derechos de las parejas gays pueden adoptar chicos legalmente.

Para el diputado Alvaro Alonso, del conservador Partido Nacional, que se opuso a la iniciativa, el proyecto “no recoge el concepto de familia”, sustentado en la Constitución, por lo que propuso una iniciativa alternativa que propone la retroactividad en el reconocimiento de derechos generados en la convivencia mayor a cinco años, siempre que se trate de “parejas heterosexuales y que hayan tomado la decisión de casarse”.

Para la redacción del texto se tuvieron en cuenta las “sentencias judiciales a favor de las parejas homosexuales que reclamaban derechos como los de seguridad social”, señaló la senadora Percovich.

En la Argentina reconocen la unión civil la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Río Negro (en ambos distritos desde 2002) y recientemente la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Mientras tanto, ya hay iniciativas similares en las provincias de La Pampa, Mendoza y Neuquén. Asimismo, hay una propuesta en el Congreso, de ley de unión civil, impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), a la espera de ser tratada.

Informe: Esteban Vera.