“Hemos quedado en un estado de verdadera indefensión.” Quien formuló esta queja no es uno de los habitantes que padecen los efectos de la contaminación del Riachuelo, sino el abogado de una de las empresas acusadas de contaminarlo. Lo hizo en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, donde ayer hicieron su descargo 15 de las 44 firmas. Distintas empresas sostuvieron que “nuestros residuos son tratados como establece la ley”, que en todo caso “habría que citar a las 3500 empresas de la cuenca”, que “las acusaciones se basan en generalidades”, que “nuestros efluentes, por ejemplo sebo animal, no provocan daño al ambiente”, o bien que “nuestra empresa no es responsable, a diferencia de otras que vuelcan al río grasas de origen animal”. El abogado de una de las empresas afirmó que “el propósito de erradicar el Polo Petroquímico Dock Sud no se debe a la contaminación”. En cambio, según el representante de una de las ONG acusadoras, “las empresas tienen que dejar de jugar al Gran Bonete y asumir su responsabilidad”, ya que “enfermedades registradas en quienes viven cerca del Polo Petroquímico provienen de la contaminación”.

La audiencia se realizó en el contexto de la demanda entablada por vecinos de las proximidades del Polo Petroquímico Dock Sud, de Avellaneda y de La Boca y varias ONG. El representante de Petrobras –en un enfoque compartido por prácticamente todos los que expusieron– afirmó que la demanda “afecta el derecho a la defensa en juicio por estar basada en generalidades: no individualiza a ningún acusado, sino a las 44 empresas localizadas en el Polo Petroquímico. Sostuvo también que “los estudios en que se basó la demanda están desactualizados” y que la firma “no utiliza metales pesados, como el plomo y el cadmio, que son los más contaminantes”; en cambio, “los principales responsables de la contaminación son las curtiembres, por verter sustancias como el cromo, y los frigoríficos, por volcar al curso del río “grasas de origen animal”.

El representante de YPF –también como la mayoría– destacó que “la contaminación del Riachuelo data de más de cien años”, mientras que su empresa, privatizada en 1991, “por decisión del Estado, tiene indemnidad con respecto a hechos anteriores”. El abogado de Dapsa, Destilerías Argentinas de Petróleo, aseguró que la “principal actividad” de la empresa es “la comercialización de combustibles a estaciones de servicio” y que “los efluentes líquidos son adecuadamente tratados”.

La abogada de Sulfargen contó que “en 2006, la planta fue cerrada por razones comerciales” y que, cuando funcionaba, “los residuos eran tratados como establece la ley”. El representante de Trieco dijo que la empresa “fue controlada treinta veces en los últimos años sin que se registraran infracciones”. El de Meranol exigió “citar a todas” las 3500 empresas de la cuenca, porque de otro modo “hay violación de la igualdad ante la ley”.

También hablaron representantes de las “quimiqueras”, los depósitos erigidos en terrenos fiscales que la Secretaría de Ambiente procura trasladar (Página/12 informó al respecto el 23 de octubre de 2006 y el 5 de julio de 2007). El representante de Antivari sostuvo que “la demanda compromete el derecho de defensa”, por lo cual “hemos quedado en un estado de verdadera indefensión”. El de Materia Hermanos contó que la firma almacena “aceites vegetales y sebo derretido: estos productos –sostuvo, a diferencia del abogado de Petrobras– no pueden provocar daño ambiental”. El de Orvol –una de las que, según la Secretaría de Ambiente, ocupan tierras fiscales con contratos vencidos– preguntó “por qué, de todas las empresas de la cuenca, se pide el desalojo de Orvol”. El de Tagsa –otra de las que tendrían vencida su autorización– destacó que “la contaminación del Riachuelo tiene ya 200 años” y destacó que, si es por eso, “2 millones y medio de personas de la cuenca carecen de cloacas”. El abogado de Dow Chemical (que aceptó trasladar su planta) sostuvo que “el motivo de erradicar las empresas fue la inflamabilidad, no la contaminación”.

Según Andrés Nápoli –director del área de participación ciudadana del FARN, una de las ONG que acusan a las entidades– “hace falta que las empresas dejen de jugar al Gran Bonete y asuman su responsabilidad, como de hecho lo hizo el Estado al presentar el plan de saneamiento que había ordenado la Corte”. Nápoli destacó que “esta causa se desarrolla gracias a la Ley 25.675, sancionada en 2002, según la cual el hecho de desarrollar una actividad industrial implica una responsabilidad y, por lo tanto, se invierte la carga de la prueba: las empresas deben demostrar que no contaminan”.

Nápoli observó que el pedido de incorporar al juicio a las 3500 empresas de la cuenca no es pertinente a este caso, dado que, de acuerdo con la Ley 25.675, cada empresa es responsable: es imposible, ante una contaminación del agua y especialmente del aire, determinar qué porcentaje le corresponde a cada empresa; si alguna se considera menos responsable que otra, deberán dirimirlo entre ellas”. El representante del FARN advirtió que “las enfermedades que sufren las personas que viven cerca del Polo Petroquímico provienen de la contaminación del aire”.

El resto de las 44 empresas procesadas presentará hoy sus descargos.