El ministro de Salud saliente de la provincia de Mendoza termina su mandato con una promesa incumplida: finalmente, no firmó la resolución para fijar el procedimiento de atención de los abortos no punibles, que buscaba evitar la judicialización de esos casos, tal como había prometido públicamente –y personalmente– a organizaciones de mujeres en los últimos meses. Armando Canaletti aspira a sumarse al gobierno nacional, donde el gobernador Julio Cobos asumirá el lunes como vicepresidente. El movimiento de mujeres de su provincia advierte que no dejará pasar oportunidad para recordar su falta de palabra.

El proyecto de protocolo de atención de los abortos legales, contemplados en el artículo 86 inciso 1º y 2º del Código Penal, fue redactado a lo largo de este año en Mendoza por técnicos de la Coordinación de Derechos Humanos, un organismo creado en el ámbito del Ministerio de Seguridad provincial. En la elaboración del documento también participó la titular del Programa Provincial de Salud Reproductiva, Ana María Andía. La propuesta surgió después de que trascendiera a nivel nacional en setiembre de 2006 el caso de una joven con discapacidad mental embarazada al ser abusada sexualmente, que tuvo que llegar a la corte provincial –donde obtuvo el aval de la mayoría de los ministros– para que finalmente en un hospital público le practicaran la interrupción de la gestación.

Tal como informó en exclusiva Página/12 el martes último, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró y comenzó a distribuir en hospitales del país una Guía Integral para la Atención de los Abortos No Punibles. Se trata de un manual que estandariza los procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para atender estos casos en el sector público y brinda un marco jurídico para que los profesionales se sientan respaldados en sus prácticas.

A lo largo del año, algunas provincias dictaron sus propias normativas para despejar dudas y obstáculos en el acceso de este derecho. La Pampa aprobó recientemente una ley que reglamenta la atención de los abortos no punibles y Buenos Aires dictó a comienzos de 2007 una resolución en el mismo sentido. Las ciudades de Buenos Aires y de Rosario también avanzaron con protocolos similares. Mendoza parecía transitar un camino parecido. La abogada Patricia González, asesora legal de la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Cobos y a la vez integrante de la organización de mujeres Las Juanas y Las Otras, fue el motor de la redacción del frustrado protocolo. En realidad, en consulta con el Programa Provincial de Salud Reproductiva, desde la Coordinación de Derechos Humanos se elaboraron tres protocolos: además del que fija los pasos a seguir ante casos de abortos no punibles, hicieron uno para reglamentar un registro de objetores de conciencia y otro para la atención de los pedidos de ligadura tubaria, ya que la ley provincial en este tema es casi incumplible por los obstáculos que pone a la mujer para acceder a la anticoncepción quirúrgica.

“El 7 de junio, en una entrevista publicada en el Diario Uno, de Mendoza, el ministro Caletti dijo textualmente que tenía ‘en estudio adherir a la resolución que ya aplicaron Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, que reglamentó en los hospitales públicos de esos distritos la atención de los abortos no punibles’. También dijo en esa oportunidad que ‘la normativa está en análisis, se discutió en la reunión de gabinete del ministerio y vamos a tomar una definición... el aborto es una cuestión de salud pública’”, señaló a Página/12 la abogada González. El día 15 de noviembre representantes de distintas organizaciones de mujeres solicitaron una entrevista con el ministro para pedirle cuentas sobre el estado de los protocolos. “Pese a que estaba concertada, el ministro no pudo estar y nos recibieron el subsecretario y la subsecretaria de Salud. Ambos manifestaron la intención del ministro de firmar el protocolo de atención de aborto no punible y nos dijeron que nos quedáramos tranquilas.”

“El protocolo de atención de abortos no punibles obtuvo el 6 de noviembre dictamen favorable de la asesoría letrada del Ministerio de Salud, pasó luego a la Secretaría General y el 5 de diciembre llegó al despacho del ministro Canaletti. En lugar de firmarlo, como había prometido, el funcionario lo envió a la Asesoría de Gobierno, de donde hasta ayer no había salido”, siguió González, indignada por el destino del proyecto.

Las organizaciones de mujeres no tienen muchas esperanzas de que el próximo gobernador, el peronista Celso Jaque, que asume el lunes, reflote esta iniciativa. Durante la campaña electoral, Jaque se jactó de haber sido de los pocos senadores que votaron en contra de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por su sigla en inglés como Cedaw, a la que se opuso fervientemente la jerarquía eclesiástica. Autodefinido como “un hombre de fe”, Jaque ya adelantó su intención de convocar a representantes de la Iglesia Católica y grupos evangélicos para que lo asesoren en materia de políticas de salud reproductiva y educación. Toda una definición.