“Yo quiero ser alguien de alguna forma o de otra; yo quiero ser alguien a toda costa, pero vos seguís pisoteándome”, dice una balada soul que Syl Johnson cantaba en los ’60. El título de la canción era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo: “¿Es porque soy negro?”. A las travestis y transexuales en Argentina les pasa algo similar: su condición siempre va por delante y no son “alguien” simplemente porque se las segrega hasta de sí mismas. Hace una semana, este diario detalló el proyecto de ley de Identidad de Género que, en caso de aprobarse, les permitirá tener un documento con el nombre y el sexo que han elegido. Sin embargo, los impulsores del proyecto reconocieron que esta iniciativa es sólo la punta del iceberg. Debajo, se consolidan dos proyectos más: uno que deroga la ley de práctica médica que prohíbe las operaciones de reasignación sexual y otra que obligaría al Estado argentino a resarcir a las personas trans por todas y cada una de las veces que pidieron una mano y las hicieron poner de rodillas.

Las organizaciones que luchan por el respeto a la diversidad sexual dicen que no están pidiendo nada del otro mundo y recuerdan que en el Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado por un decreto del ex presidente Néstor Kirchner en 2004, se mencionan estos temas como objetivos prioritarios. Mientras tanto, en diez provincias argentinas sigue estando penalizados la homosexualidad y el travestismo. El mencionado plan fue hecho a imagen y semejanza de la Declaración contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia aprobada por la ONU en Durban, República de Sudáfrica, en 2001. En él se le exige, puntualmente a los congresos, una ley para que las personan trans puedan “usar legalmente su nombre y disponer de su cuerpo con libertad”.

Para este último ítem, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) también tiene un plan en forma de ley para reglamentar el acceso a operaciones de reasignación sexual, lo que evitaría que las chicas tengan que ir a juicio y obligaría al Estado y las obras sociales a cubrir las intervenciones prohibidas por una ley de práctica médica sancionada en 1956. El problema, admiten desde la Federación, será capacitar a los médicos para realizar estas cirugías, debido a la ignorancia fomentada por la prohibición. Este proyecto también será impulsado por la diputada socialista Silvia Augsburger, autora de la Ley de Identidad de Género (presentado en simultáneo con Uruguay por la senadora uruguaya Margarita Percovich del Frente Amplio), y sería tratado en la Comisión de Salud.

La otra propuesta que llegaría al Congreso de la Nación, a la complicada Comisión de Presupuesto, es una medida de resarcimiento del Estado por los años de marginalidad y abandono al que sometieron a travestis, transgéneros y transexuales al negarles, por ejemplo, su derecho a la identidad y limitar su acceso a los ámbitos laborales, educativos y sanitarios. El proyecto incluiría subsidios para que puedan estudiar, algunas facilidades para insertarse en el mercado laboral y un apartado postulando la amnistía previsional: las que estén en edad de jubilarse podrían hacerlo aunque no tengan aportes.

La explicación recibida por Página/12 desde la Falgbt fue contundente: “La mayoría no tuvo oportunidad de trabajar en blanco y por su identidad de género fueron apartadas del sistema. Nunca tuvieron la oportunidad de ser abogadas, arquitectas, recepcionistas o lo que sea”. Vale recordar que el promedio de vida en Argentina de las personas trans es de 35 años.

Desde la Federación, integrada por 24 organizaciones de todo el país, también impulsarán reformas a la Ley Antidiscriminatoria para que incluya la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, actualmente (in)definida como “formas conexas de intolerancia”. Otros de los objetivos será incluir en los manuales escolares la temática de género para analizar las pautas lingüísticas, racistas, sexistas, homofóbicas y transfóbicas.