La visita del ministro australiano de Ciencia, Peter McGauran, reabrió la polémica. El funcionario se reunirá hoy con diputados de las comisiones de Relaciones Exteriores y Energía para analizar en qué instancia se encuentra el acuerdo de cooperación entre su país y la Argentina en el ámbito nuclear. La organización Greenpeace denunció que el encuentro de McGauran con los legisladores –al que no pueden asistir las ONG– tiene por objetivo “redoblar la presión” para la firma del tratado, que ya tiene media sanción en Senadores.
Desde fines del año pasado, el acuerdo está en la Comisión de Relaciones Exteriores donde “todavía no se ve una posición predominante, ya que los bloques principales están fragmentados”, contó a este diario Juan Carlos Villalonga, encargado de Asuntos Nucleares de Greenpeace. La embajadora australiana en Argentina había encabezado una dura campaña tendiente a reclamar la firma del convenio. Sharyn Minahan había asegurado que si no se daba el visto bueno “habría complicaciones con la venta del reactor nuclear”.
“Nuestra lectura es que el ministro (de quien depende la compañía que realizó el contrato con la empresa Invap) dirá lo mismo –continuó Villalonga–. Y eso escapa a las campañas de las ONG, además de ser una señal de la mala negociación de la Cancillería que ató las dos cosas”. La inversión de Australia sería de un total de 180 millones de dólares, 90 destinados a nuevas obras en aquel país y otros 90 que llegarían a la Argentina de la mano de Invap.
“Un punto de coincidencia que tengo con los australianos es que ellos no quieren acondicionar los residuos tóxicos en su territorio –ironizó Carlos Raimundi, diputado del ARI–. Yo tampoco quiero hacerlo en mi territorio.” Para el legislador, que votará en contra del tratado, el problema central es que “sentará un precedente sobre el rol que jugará Argentina en materia nuclear y ya ningún país querrá comprar un reactor si no tiene un acuerdo de estas características”. Raimundi ya había escuchado las sugerencias del gobierno australiano cuando la embajadora visitó la comisión por el mismo tema.
“Con los anteriores reactores que se vendieron nunca se necesitó un tratado similar”, puntualizó Raimundi. En este sentido, Greenpeace dejó en claro que “no estamos ante un acuerdo convencional”, a la vez que criticó que el encuentro de hoy sea sólo apto para los diputados y sus asesores.
“Quieren tener la garantía de que podrán sacarse la basura de encima”, concluyó Villalonga.