Como todas las mañanas desde que están detrás de los barrotes, ellas despiertan antes de que la bicha (celadora, en jerga tumbera) golpee con su llave las rejas de la celda que comparten y grite “¡arriba! Cayeron por tenencia o comercialización de drogas mayormente. Ellas “previo a su ingreso a la prisión, han asumido no sólo el sostén económico del hogar, sino también la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado de la familia”. En consecuencia, “el paso por la prisión tiene un efecto perjudicial en el caso de las mujeres en tanto puede provocar la ruptura familiar”, argumenta una resolución de la Defensoría General de la Nación por la cual se creó un programa para asistir a mujeres privadas de libertad en los asuntos familiares y civiles.

La iniciativa Programa piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de libertad comenzó a funcionar ayer, en dos penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En una primera etapa, se implementará en la Unidad Penal 31, Nuestra Señora de San Nicolás, de Ezeiza, donde hay 242 mujeres que cumplen condena o esperan su juicio, y en la Unidad Penal 3, la más antigua de las dos cárceles de mujeres de Ezeiza con capacidad para 300 internas, pero alberga a más de 700 mujeres, según datos oficiales. La propuesta “también da cuenta de la necesidad de reforzar la protección de derechos de mujeres, en particular en lo relativo a la preservación de sus vínculos con sus hijos”, señala el documento. En la Defensoría no descartan replicar la propuesta en otros penales, incluso en cárceles de hombres.

En la Defensoría explican que el programa busca ayudar a mujeres detenidas a fortalecer el vínculo con sus familiares, en particular con sus hijos. Por ejemplo, a través de la iniciativa, según indicaron voceros de la entidad, mujeres presas que tengan hijos menores de edad podrán impulsar presentaciones judiciales para cumplir la pena de arresto en sus hogares.

El proyecto, creado por la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, a pedido de un grupo de detenidas, funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría. De acuerdo con el informe El Sistema de la Crueldad III, del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria –publicado por Página/12 en su edición del 12 de diciembre de 2007– hay en la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, 76 mujeres que están presas con sus hijos, que viven junto a ellas como detenidos. Además, indica que en la fecha de producción del informe había 22 embarazos.

Entre los fundamentos de la resolución de la Defensoría General de la Nación se destaca una cita a la periodista de Página/12 Marta Dillon que había sostenido en la edición del 17 de diciembre de 2006 de este diario, que “la pena de encierro a las mujeres suman el dolor causado por la desintegración de sus familias, lo que se considera un clásico castigo de género”.