Empezó a funcionar la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro, presidida por León Arslanian. En 15 días deberá completar una propuesta que el Gobierno elevará a su vez al Poder Legislativo. Arslanian anticipó el agravamiento de las penas para ese delito y su encubrimiento, la necesidad de coordinar la acción de los fiscales de Capital y provincias y la posibilidad de crear un organismo permanente y los efectos “importantísimos” de la participación comunitaria.
La Comisión, que fue puesta en funciones por Eduardo Duhalde, tiene plazo hasta el 27, según lo estableció el decreto que la creó porque “el incremento súbito del secuestro extorsivo ha producido una alarma social extraordinaria y una demanda urgente de medidas gubernamentales”.
Su presidente, el jurista León Arslanian, advirtió que en la legislación penal hay “incongruencias y superposiciones”, y puso como ejemplo que el secuestro extorsivo seguido de muerte no figura en el Código Penal como agravante del homicidio. Estimó que aquel delito “debería ser penado con reclusión perpetua” y que su encubrimiento merece una sanción mayor.
“Hay que generar unidades fiscales que puedan trabajar interjurisdiccionalmente, por ejemplo, entre la provincia de Buenos Aires y la Nación; y darles más facultades para interceptar comunicaciones e interrogar a personas”, agregó Arslanian. En un orden más general, destacó la necesidad de “abreviar los términos de juzgamiento”.
El funcionario anticipó también que la comisión evaluará la posibilidad de crear un organismo de prevención de los secuestros extorsivos, que dé información a la población sobre cómo actuar, y muestre la necesidad de hacer la denuncia. Arslanian apostó a reforzar espacios de participación comunitaria, a partir de las experiencias “con resultados importantísimos” que se dieron en lugares como el barrio porteño de Saavedra.
Integran la comisión los diputados justicialistas Miguel Angel Pichetto y Margarita Stolbizer; el senador radical Jorge Agúndez, presidente de la Comisión de Legislación Penal; el fiscal Norberto Quantín; María del Carmen Falbo, Luis Cabral, Alberto Iribarne, Enrique Gallesio y Carlos Beraldi.