Ordenó a los dueños de boliches bailables instalar detectores de metales y cámaras de filmación en el ingreso, la pista y la barra de los locales: las cintas deberán guardarse por treinta días. A los padres de adolescentes con problemas de adicciones les abrirá causas en la justicia de faltas para que se determine su responsabilidad ante esa situación: si se evalúa que abandonaron sus deberes como padres estableció que se los multe con montos que van de 5000 a 12.000 pesos. La oposición lo tilda de “autoritario”. Pero él se defiende: “Acá hay una intención de desestabilizar. Ellos quieren lograr ahora lo que no pudieron lograr en el proceso democrático. Tienen un odio personal que no lo pueden disimular”, argumenta. En una entrevista con Página/12, el peronista Juan Carlos Tierno explicó algunas de las polémicas medidas que dispuso desde que asumió al frente de la intendencia de Santa Rosa con la intención de imponer lo que él define como “control social” y monitorear su gran obsesión, la vida nocturna. “La nocturnidad es un ámbito en el que si no hay prevención y control hay riesgos totales”, sostiene. Sobre las acusaciones que lo señalan como golpeador –sobre las cuales este diario se explayó en la edición de ayer– prefiere no hablar (ver aparte).

Es la primera vez en su extensa carrera política que este abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata ocupa un cargo electivo. Pero no es la primera que por sus polémicos proyectos llega a convertirse en noticia de los diarios nacionales: cuando era ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa, durante la gobernación de Juan Carlos Verna, pretendió perseguir judicialmente a los padres de menores en conflicto con la ley: los jueces se negaron pero ahora arremete en el municipio con la misma idea. En 2005, además, se abrieron investigaciones en la Justicia sobre las comisarías pampeanas, que dependían de su ministerio, por apremios ilegales, y las autoridades nacionales en materia de derechos humanos pusieron la lupa sobre su gestión. “Aplicar la fuerza pública, que es lo que hace la policía, puede traer alguna lesión física”, afirmaba por entonces.

Tierno ganó la elección con casi el 40 por ciento de los votos. Pero ya enfrenta marchas multitudinarias en su contra, que cuestionan su forma de gobernar: por decreto incrementó las multas de tránsito un 1000 por ciento y aumentó también los servicios municipales con subas que van del 49 al 80 por ciento, según denuncia el Frepam, la coalición opositora que se niega a darle quórum en el Concejo Deliberante y que integran el radicalismo, el socialismo, sectores independientes, el MID y ex miembros del Frente Grande.

–¿Cómo se siente cuando lee pintadas que lo señalan de fascista? –le pregunta Página/12, en una de las salas de reuniones de la intendencia. La mesa está repleta de expedientes. Tierno acaba de llegar de un acto en el que entregó tres viviendas a familias humildes en el marco de un plan habitacional entre el municipio y la provincia, en una zona degradada de Santa Rosa.

–Siento el daño a la ciudad, siento la conducta delincuencial y veo que como todo autoritario que usa la clandestinidad, tratan de poner en otro su propia conducta –responde durante la entrevista.

Sobre su idea de perseguir a los padres de chicos con problemas de adicciones, dice: “Estoy a favor de subir los niveles de exigencia de responsabilidad de los adultos”.

–¿Cómo va a implementar su propuesta?

–A los padres de menores que estén con conductas adictivas comprobadas por el tribunal de faltas se les iniciará una causa en el juzgado de faltas y si se determina que ha habido incumplimiento de los deberes a su cargo respecto del menor, se les impondrá una multa graduable de acuerdo al caso.

–¿De cuánto?

–De hasta 5000 pesos (N. de la R.: en realidad, la Ordenanza Tarifaria señala un mínimo de 5000 y un máximo de 12.000 pesos). Esto no significa que en todos los casos serán condenados. En una situación de adicción puede haber un incumplimiento flagrante de la obligación de los padres, tutor o guardador, pero también se puede acreditar fehacientemente –por distintos medios de prueba– que ha habido una imposibilidad de los padres de evitarlo, o bien ha habido incumplimiento en el nivel de asistencia del Estado, que debía haber conocido de esa impotencia familiar.

–¿Operativamente, cómo se comprobará que un chico tiene un problema de adicción?

–Con un diagnóstico médico.

–¿Los piensa detener? ¿Cómo va a llegar a que un médico le haga un diagnóstico?

–Pueden darse distintas situaciones: podemos encontrar en la nocturnidad un chico en exceso alcohólico, que a lo mejor fue una situación extraordinaria o puede ser una reiteración. En ese caso se pone en conocimiento a los padres para que lo vengan a buscar.

–¿Hay operadores municipales recorriendo la ciudad durante la noche?

–Por supuesto.

–¿Ya han abierto causas contra padres por esta razón?

–Todavía no, porque no hemos detectado casos. Es una disposición muy reciente. A la gran mayoría de los padres estas problemáticas los superan ampliamente en un estado de necesidad. Yo desde el municipio quiero hacer prevención primaria. Si esperamos a los chicos solamente en los estallidos, cuando ya están en conductas adictivas o en el delito, estamos llegando tarde. Cuando en la Argentina se dice que la seguridad solamente es aumentar en recursos materiales y humanos los esquemas policiales, se está haciendo un reduccionismo porque se está trabajando sobre los efectos y no sobre las causas. La mayor seguridad se construye a través de una política genuina de desarrollo social, que tenga la prevención como eje estratégico. El alcohol es la droga de más consumo en perjuicio de la niñez: aumenta exponencialmente día a día y progresivamente baja la edad de inicio hasta los 10 o 12 años. Además es una droga de acceso a otras drogas como la marihuana, la cocaína, el paco. ¿Qué hice yo? Dispuse que se controle la nocturnidad. También establecí la prohibición de venta de bebidas energizantes a menores de 18 años y vamos a hacer cumplir la ordenanza que ya regía antes de mi gestión que prohíbe la venta de pegamentos con tolueno a menores de 21 años y que exige que los mayores que los adquieren dejen indicado en el comercio su nombre, su domicilio y el destino del producto.

–Usted plantea que no se debe priorizar el incremento de las estructuras policiales para enfrentar el problema del delito, pero acaba de crear un cuerpo de policía comunitaria de 300 hombres.

–La policía comunitaria es un organismo dentro del denominado poder de policía municipal: se ocupará de controlar el tránsito, la nocturnidad, los comercios. Está funcionando bajo el esquema de policía de proximidad, de interrelación con los vecinos, de eje estratégico de la prevención y en la nocturnidad. Hay personal controlando el ingreso a los boliches a nivel de cantidad de personas. He hablado con los dueños para que coloquen detectores de metales y cámaras de filmación en los ingresos, en las pistas de baile y en las barras.

–¡¿Cámara de filmación?! ¿Quién va a mirar lo que allí se grabe?

–Los comerciantes, con la obligación de mantener las grabaciones por 30 días. Es una ordenanza vigente desde 2004 pero no se cumplía.

–¿Por qué pone el acento en este tipo de medidas?

–En la campaña dije: “La nocturnidad es para disfrutar, sin drogas para sufrir”. La nocturnidad es un ámbito en el que si no hay prevención y control hay riesgos totales.

–Pero a estas medidas muchos vecinos las consideran “autoritarias”.

–Cuando uno implementa mecanismos eficaces de prevención, poniendo límites ante situaciones de transgresión, surgen algunos que dicen que es autoritarismo. No, el real autoritarismo es el que plantea, presupone o insinúa deslegitimar la ley como pauta de convivencia social.

–¿Cómo explica que en tiempo record, a dos meses de su asunción, cada semana haya marchas multisectoriales en su contra?

–Yo no vengo de la decisión de una secta, sino de un proceso democrático íntegro. A los 12 días de asumir ya empezaron a decir “Fuera Tierno”. No son marchas multisectoriales, son marchas multipartidarias. Ellos quieren lograr lo que no lograron en el proceso democrático. Todos los candidatos que perdieron la elección están participando activamente de las marchas. Acá hay una intención de desestabilización del gobierno.