La Justicia penal investiga si los funcionarios porteños que renegociaron la concesión de un predio ubicado bajo la Autopista Illia, en Avenida del Libertador y Carlos Pellegrini, incurrieron en delitos de defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por la explotación de ese predio, 15 mil metros cuadrados ubicados en uno de los lugares más caros de Buenos Aires, la concesionaria paga al Estado la modesta suma de 27 mil pesos mensuales. Allí explota 16 locales comerciales, una estación de servicio y una playa de estacionamiento. La renegociación fue avalada por una resolución que firmó, dos meses antes de terminar su mandato, el ministro de Hacienda de Jorge Telerman, Sergio Beros, flamante director del Banco Ciudad.

La concesión, por 30 años, fue otorgada en 1991 por el ex intendente porteño Carlos Grosso. Las beneficiarias fueron las empresas Servente Constructora SRL, Constructora Lanusse SA y Criba SA, que conformaron el consorcio Plaza Intendente Alvear SA. Durante los primeros 16 años, la empresa sólo pagó un canon “en especies”, es decir, manteniendo el espacio verde circundante, las veredas y la iluminación, así como el servicio de vigilancia del sector.

A través de un oficio judicial, en abril de 2000, se supo que las acciones de Plaza Intendente Alvear SA habían pasado a manos de una corporación “constituida y domiciliada en los Estados Unidos”, sobre la que no se ofrecieron mayores datos.

La concesión ya venía siendo cuestionada y ya tenía dos dictámenes en contra de la Procuración de la Ciudad, que recomendaban la “extinción del contrato, por ser nulo de nulidad absoluto e insanable” y la restitución a la ciudad de los espacios concesionados.

De acuerdo con uno de esos dictámenes –el de la procuradora Daniela Ugolini, en mayo de 2000, durante la gestión de Enrique Olivera como jefe de gobierno– no existen constancias de notificación o autorización de cambio de control societario de la empresa, lo cual convierte tal cambio en “violatorio de lo estipulado en los pliegos” de concesión. Lo cierto es que hoy se desconoce quiénes son los beneficiarios de ese contrato.

El gobierno porteño estuvo a punto de decretar el cese de la concesión a fines de 2005. Pero eso nunca ocurrió. Y tras la llegada al gobierno de Jorge Telerman, comenzó a renegociarse el contrato. Así, el ministro de Hacienda, Sergio Beros, firmó el 24 de septiembre la Resolución 2675, por la cual aprueba el acta acuerdo que habían firmado funcionarios de la Dirección de Concesiones de la ciudad con el apoderado de Plaza Intendente Alvear SA, Emilio Rodríguez Alvarez, única cara visible de la concesionaria.

Mediante ese acuerdo, se establece un canon mensual de 27 mil pesos “de manera fija y hasta la finalización de la concesión”, es decir, en el año 2021. Según el mismo acuerdo, la empresa debe hacer además tareas de mantenimiento, riego y “limpieza de excrementos de mascotas” en las plazas Cataluña, Ciro el Grande y Toribio Tedín, ubicadas en las inmediaciones.

El autor de la denuncia penal, el ex legislador porteño Marcelo Gey, consideró “irrisoria” la suma fijada en el acuerdo, al considerar que “por cada uno de los locales que se explotan en esa zona, no pueden pedirse menos de 10 mil dólares mensuales de alquiler, lo que sumado a la explotación del estacionamiento y la estación de servicio, superaría los 200 mil dólares mensuales”, estimó.

“Se ignoraron los dos dictámenes de la Procuración que aconsejaban la rescisión”, aseguró a Página/12 el denunciante. La causa está radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 33 de Ana Dierta de Herrero y la Fiscalía Nº 46 a cargo de Claudio Soca.

El convenio cuestionado fue firmado por la entonces directora de Concesiones, María Maida, y el director adjunto, Sergio Bergoglio. Lo ratificó Beros en una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre, dos meses antes de que Telerman termine su gestión. Beros fue designado miembro del directorio del Banco Ciudad por la Legislatura, con el apoyo de macristas, kirchneristas y telermanistas. Ayer asumió junto al resto del directorio.

El actual director de Concesiones del gobierno porteño, Javier Solari, dijo a Página/12 que la actual gestión tiene en estudio a esa concesión. “En principio es una concesión no vencida”, dijo, para diferenciarla del paquete de contratos vencidos que el gobierno de Mauricio Macri piensa dar por concluidos. Con respecto a los términos de la renegociación, el funcionario admite: “Nos sorprende un poco el monto, estamos haciendo cálculos. Por lo pronto, pedimos un informe sobre las habilitaciones de los locales y la estación de servicio”.

El predio concesionado está justo debajo de la subida y bajada de la Autopista Illia, que era explotada por el mismo consorcio de empresas constructoras. Pero en ese caso, el gobierno porteño anuló la concesión por incumplimiento del contrato, en 2003.