El octogenario contraalmirante (R) Horacio Mayorga, que mañana declarará por su responsabilidad en la masacre de Trelew de 1972, es tal vez la última síntesis viva del golpismo militar y el terrorismo de Estado que caracterizó a la Armada durante la segunda mitad del siglo pasado. En 1955 participó del golpe contra Juan Perón. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue comandante de la Aviación Naval. Tras el fusilamiento en la base Almirante Zar justificó: “Se hizo lo que se tenía que hacer”. En 1973 anunció la formación de patotas clandestinas. En los ’80 fue el primer oficial naval en reconocer la aplicación de torturas en la ESMA. Defendió ante la autodenominada Justicia militar a símbolos de la barbarie y la cobardía como el almirante Rubén Chamorro y Alfredo Astiz. En 2003 fue sancionado por el almirante Jorge Godoy por criticar la política de derechos humanos del gobierno nacional. Sin embargo, el destino fue generoso con Mayorga: nunca debió dar explicaciones ante la Justicia.

El contraalmirante es el quinto marino preso en la causa por la masacre de Trelew. Fue detenido tarde el viernes. Ayer fue trasladado a Rawson. Quedó incomunicado. La noticia no lo sorprendió: días pasados faxeó al juez Hugo Sastre una nota en la que reconoció que el 15 de agosto de 1972, como comandante de la Aviación Naval, transmitió desde Puerto Belgrano la orden de trasladar a los guerrilleros que acababan de entregar sus armas a la base Zar y no al penal de Rawson, como la Armada había prometido.

No sólo se lo indagará por su rol en los secuestros. Reivindicó la masacre ante su tropa: “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos, en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela (muerto en la fuga del 15 de agosto) y que los argentinos del orden público muertos en servicio”.

La de Trelew no fue su primera masacre. En 1955 era secretario del ministro de Marina. Justificó el bombardeo de la Plaza de Mayo: “Se buscaba un tratamiento de shock para evitar la reacción de la tropa civil peronista”. Admitió que “se sabía que iba a caer gente inocente pero mucha menos que en un ataque a toda la República”. “Todo lo arruinó el mal tiempo, la mala puntería y una rendición del enemigo que no se produjo nunca”, resumió. El 16 de junio, cuando aviones con el símbolo “Cristo Vence” bombardearon Plaza de Mayo y asesinaron a 364 civiles, Mayorga sí se rindió. Fue en el edificio del Ministerio de Marina, luego de tirotearse contra militares leales. “Temíamos que los ‘negros’ entraran y nos acuchillaran. Muchas veces pensamos: ‘Antes de que entre la turba y nos aplaste, me pego un tiro’. Yo tuve la pistola en la mano pero no me animé a hacerlo”, confesó. En el juicio por traición a la patria “nos defendimos diciendo que en realidad estábamos defendiendo a Perón. Era infantil nuestro argumento”, admitió. Se negó a firmar su propia declaración. Tuvo suerte: no fue fusilado sino liberado a los 20 días.

El 18 de junio de 1973, en su despedida como comandante de Aviación Naval y ante la inminente liberación de los presos políticos, anunció que “se están preparando bandas armadas clandestinas”. Dos días después fue la Masacre de Ezeiza y en noviembre hizo su aparición pública la Triple A. No hablaba de oídas. En 1976 estaba retirado pero conservaba su ascendente sobre futuras celebridades. Años después dijo haber disentido con la conducción naval: “Habría que haber fusilado en River con Coca-Cola gratis y televisándolo. Yo no estaba de acuerdo con eso de trabajar por izquierda”, eufemismo para describir procedimientos clandestinos. El trabajo por izquierda no lo amilanó: se ofreció para defender ante la “Justicia militar” al director de la ESMA Rubén Chamorro y al valiente marino que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, Alfredo Astiz.

“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada? 300 Astiz”, declaró en 1985. “¿Qué han matado gente? Claro. Todo el mundo sabe que los eliminábamos (sic). Se detenían cuatro o cinco y ¿cuántos había recuperables? Uno. Y era mucho”, agregó. A la periodista Tina Rosenberg intentó convencerla del humanitarismo naval. “Me preguntará por qué teníamos que gastar una inyección en esos prisioneros. Pero lo hicimos”, dijo. Cristiano al fin, no ocultó sus problemas de conciencia. “Debemos condenar la tortura. El día en que dejemos de condenar la tortura –aunque torturamos–, el día en que nos volvamos insensibles ante las madres que perdieron a sus hijos guerrilleros –aunque guerrilleros– habremos dejado de ser seres humanos.” En 2003 el almirante Godoy lo sancionó por cuestionar la política de derechos humanos del Gobierno y luego por criticar a los jefes de las tres Fuerzas Armadas ante 200 oficiales en actividad. Pese a su reiterada incontinencia verbal, nunca fue dado de baja de la Armada.