Un nuevo fallo judicial volvió a poner un freno a la intervención de la obra social de los municipales porteños, la Obsba, dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Ahora fue el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 7, a cargo de Alicia Braghini, el que hizo lugar a una nueva medida cautelar presentada por el Sutecba. La jueza, a través de la resolución, le ordenó al gobierno porteño que “se abstenga de aplicar y dictar medidas para llevar adelante tanto la intervención como la desregulación” de la obra social, según informó el abogado del gremio, Andrés Gil Domínguez. El procurador porteño, Pablo Tonelli, minimizó el efecto de la medida judicial, dijo que la intervención seguirá su curso, aunque adelantó que “por las dudas” apelará el fallo. Por lo pronto, el sindicato mantuvo reuniones en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación “para avanzar en la desregulación de la obra social, con participación de los trabajadores y no de la intervención”, dijo Gil Domínguez a Página/12.

El Ejecutivo porteño había decretado la intervención de la obra social el 2 de enero, en medio de un plan de lucha de los municipales por el despido de 2400 trabajadores contratados. El objetivo expresado por el gobierno era impulsar la desregulación de la obra social, lo cual –tal como vienen reclamando médicos y docentes, entre otros sectores– permitiría la libre opción de los trabajadores por ésta u otra obra social. El macrismo esgrimió además otras razones, como el saneamiento administrativo y financiero de la obra social.

El gremio presentó un recurso de amparo en el fuero Contencioso Administrativo porteño, que fue admitido por la jueza Elena Liberatori: el 11 de enero, una medida cautelar frenó la intervención. La Legislatura avaló por ley la intervención y nuevamente la jueza Liberatori recortó la función del interventor: sólo podría ocuparse de la desregulación de la obra social, sin inmiscuirse en la administración de la obra social. Finalmente, el 19 de febrero el macrismo se anotó una victoria judicial: la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de Liberatori, suspendió por 180 días al directorio de la Obsba y le dio plenos poderes al interventor, Jorge Rey.

La alegría le duró poco al macrismo: una semana después –es decir, ayer–, la jueza Braghini, del fuero de la Seguridad Social, dictó una nueva medida de no innovar. Lo hizo en el marco de una vieja causa, del año 2003, mediante el cual un tribunal federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley 472, de creación de la Obsba. Ese fallo había sido convalidado en su momento por el Ejecutivo porteño.

Los abogados del Sutecba acudieron a la Justicia nacional para reflotar ese viejo fallo: si para la Justicia federal el artículo 37 (que fija los plazos para la desregulación) es inconstitucional, la libre opción para los trabajadores estatales porteños no podría hacerse en el marco de esa ley, reflexionaron los abogados de Sutecba.

El razonamiento fue avalado por la jueza Braghini, que según el abogado Gil Domínguez “ordena al gobierno de la ciudad que se abstenga de aplicar y de dictar medidas para llevar adelante tanto la intervención como la desregulación”.

El fallo fue notificado ayer al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli. El procurador analizó la sentencia con el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el interventor Rey. Anoche, Tonelli dijo a este diario que “el fallo no afecta en lo más mínimo a la intervención, ya que lo único que hace es pedir que se respete una sentencia anterior sobre la inconstitucionalidad de un artículo que establece plazos para la desregulación”. “La intervención sigue en marcha porque no sólo se ocupa de la desregulación, sino de la reorganización de la obra social”, enfatizó el procurador. De todas maneras, adelantó que apelarán la resolución.

Mientras tanto, el Sutecba hizo saber a través de su abogado que inició gestiones ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Nación para tramitar la conversión de la Obsba, que hoy tiene la categoría de obra social provincial, en una obra social sindical. La diferencia es que las provinciales tienen participación del Estado en su conducción, mientras que las sindicales están manejadas por los representantes gremiales. “El sindicato quiere la desregulación pero con participación de los trabajadores, no por una intervención. Para eso, es necesario ingresar en el Sistema Nacional de Salud”, dijo a este diario el abogado Gil Domínguez.

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