La Cámara del Crimen, en un brevísimo texto, dispuso el procesamiento del ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, por el delito de homicidio culposo en perjuicio de las 194 víctimas de la tragedia de Cromañón. El homicidio culposo implica matar por impericia, imprudencia o negligencia y el máximo de la pena es de cinco años. En realidad, los jueces Gustavo Bruzzone, Rodolfo Pociello Argerich y María Laura Garrigós de Rébori convalidaron una decisión de la Cámara de Casación que, a su vez, convalidó lo resuelto en noviembre de 2005 por el juez Julio Lucini. En aquel entonces, el magistrado dijo que López “necesariamente estaba al tanto de la ilicitud en la que se hallaban los locales bailables en general” y, además, le adjudicó responsabilidad en las muertes porque no hubo ninguna inspección en los dos años previos a la tragedia.

El fallo conocido ayer plantea una contradicción. La ex jefa de Control Comunal, Fabiana Fizbin, por ejemplo, que tenía mayor vinculación directa con el sistema de inspecciones, quedó procesada por un delito menor, que es incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena máxima de dos años de prisión. Por su parte, López, un funcionario con rango de ministro, y más alejado del control diario, terminó procesado por el delito más grave: homicidio culposo. Habitualmente, en el derecho penal, el criterio es el inverso: un ministro no puede estar al tanto del control diario y por lo tanto su responsabilidad sería menor; mientras que el funcionario que tiene como tarea directa la de controlar, carga con las mayores culpas.

Las calificaciones actuales sólo brindan un marco para lo que ocurra en el juicio oral, en el que los querellantes seguramente acusarán por delitos más graves y las defensas irán por responsabilidades menores y, por lo tanto, el sobreseimiento. El homicidio culposo es excarcelable porque el mínimo es de seis meses y en un juicio la condena puede ser en suspenso o a cumplir, de acuerdo con el monto que impongan los magistrados que dicten el fallo, los integrantes del Tribunal Oral 24 (Raúl Llanos, el único titular, y los dos subrogantes, Marcelo Alveró y Cecilia Maisa). El pliego de estos dos últimos se aprobaría en el Senado el 12 de marzo, pero en Tribunales se menciona que volvería uno de los titulares anteriores, Ricardo Rojas. En un juicio de largo aliento, como será el de Cromañón, suele designarse un juez suplente, para que intervenga en caso de que alguno de los titulares se enferme o tenga un inconveniente que le impida seguir hasta el final. Seguramente de los mencionados cuatro magistrados, tres serán los titulares y uno el suplente.

Parece un hecho que López no estará sentado en el banquillo de los acusados en el juicio oral que, según el tribunal, se hará en el primer semestre de este año. Los que sí estarán son Omar Chabán, los integrantes del grupo Callejeros, los policías que supuestamente cobraban coimas, los funcionarios de la ciudad, con excepción de López, porque no hay tiempo para que el juez actual del caso, Alberto Baños, las querellas y los defensores se pronuncien sobre la elevación a juicio. Está claro que habrá un juicio Cromañón II en el que no sólo estará López sino algunos otros imputados que tampoco serán juzgados en el que se haga antes de mediados de año.

Uno de los problemas a resolver es dónde se va a realizar el difícil, largo y complicado juicio. Hoy por hoy se dice que la idea es esperar a que termine el juicio de Lapa y se realice el de Cromañón en esa sala, la de Comodoro Py. Harán falta blindajes, medidas de seguridad y un enorme espacio para ubicar a las partes. Se calcula que entre acusados, abogados, fiscales y funcionarios judiciales, los lugares a ocupar son aproximadamente 80. También los jueces tienen planeado que haya una sala en la que el juicio pueda ser seguido por los familiares de las víctimas a través de un circuito cerrado de televisión.