La participación de las mujeres en los lugares de representación política es una demanda de legitimidad democrática. Claramente la sola presencia de un cuerpo de mujer no garantiza un compromiso por la igualdad entre varones y mujeres y este compromiso puede ser y muchas veces es asumido también por varones. Las políticas de acción afirmativa que, mediante leyes de cupo tanto a nivel nacional como provincial promueven la presencia de una masa crítica mínima de mujeres en los órganos legislativos, fueron y son para Argentina una herramienta fundamental para incrementar la presencia de las mujeres en las legislaturas. A más de 10 años de vigencia de la modificación del Código Nacional Electoral que dispuso el cupo femenino, la cantidad de mujeres con presencia en las dos cámaras del Poder Legislativo Nacional ha colocado a nuestro país entre aquellos en los que más mujeres hay parlamentarias hay. Si bien desde un punto de vista de legitimidad democrática esta situación es positiva en sí misma, el número de mujeres en el Parlamento nada nos dice acerca de muchos otras preguntas que quedan por responder. ¿Qué poder real tienen estas mujeres dentro de sus estructuras partidarias? ¿Y qué poder construyen estas mujeres dentro del mismo Congreso: en qué comisiones trabajan, cuántas y cuáles de ellas presiden? ¿En qué medida las iniciativas de las mujeres son convertidas en leyes? Y ¿en qué medida las leyes que se aprueban en el Congreso son producto de iniciativas parlamentarias respecto de aquellas que obedecen a proyectos del Poder Ejecutivo? Los mismos interrogantes, con el agregado del dato numérico en sí mismo, queda pendiente a nivel subnacional: qué legitimidad democrática en términos de género tienen los órganos legislativos provinciales y municipales. En un país federal en el que las provincias se reservan todo el poder no delegado en la nación, este interrogante no debe quedar escondido detrás de una estadística nacional.

- Directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género)