La causa contra el cura Julio César Grassi ha tenido –y tiene– una larga sucesión de despropósitos. En su momento, fue elevada a juicio con intervención del Tribunal Oral N° 4 de Morón, que en agosto de 2006 fue apartado del proceso luego de una presentación que hizo la fiscal Sandra Míngolo. La titular del ministerio público recusó a los jueces por “prejuzgamiento” en favor del acusado. En la audiencia preliminar al inicio del debate oral, el tribunal integrado por los jueces Pedro Rodríguez, Carlos Torti y Rodolfo Castañares desechó en forma irregular importantes pruebas presentadas por la querella y dejó fuera del juicio, como querellantes, a una de las víctimas, “Gabriel”, y al abogado Juan Pablo Gallego, del Comité en Defensa de los Derechos del Niño.

La Cámara de Garantías de Morón coincidió con el planteo de la fiscal y apartó a los jueces del Tribunal N° 4 “por haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre puntos a decidir” en la audiencia pública. Al mismo tiempo, la Cámara reconoció al Comité como “particular damnificado” y lo reintegró a la causa, al igual que al chico “Gabriel”. En el proceso que llevó al apartamiento de “Gabriel” como querellante tuvieron fuerte incidencia los abogados de Grassi, entre ellos Miguel Angel Pierri, y el juez de menores Ricardo Oyama. Una información que no pudo ser confirmada indica que Oyama fue ahora suspendido en sus funciones, por esas irregularidades.