“Me hubiese encantado ser infante”, dice Tamara Pérez, teniente primero del Ejército. La Infantería junto con Caballería son las dos armas que todavía están vedadas a las mujeres en la Argentina. Pérez no se opone a esa prohibición. Cree que es correcta “porque son armas que demandan un entrenamiento físico y esfuerzos que las mujeres no pueden hacer”. Sin otra opción, ella eligió el arma de Comunicación. Esta intrépida joven de 28 años, casada, sin hijos, pertenece a la segunda promoción de mujeres de Cuerpo Comando, es decir, de las que no son auxiliares. Estudio en el Colegio Militar de la Nación. “Mi primer destino fue la Brigada de Paracaidistas en Córdoba”, recuerda en diálogo con este diario. Allí hizo cursos que nunca antes había hecho una mujer, como el de “paracaidismo de infiltración”, el más difícil, que implica saltar desde alturas en las que se necesita máscara de oxígeno, y cargada con mochila y armamentos.

Hace diez años que está en la fuerza y dice que nunca vivió una situación de acoso sexual ni de discriminación, ni se enteró de que alguna otra mujer la haya padecido. Pérez formó parte de la misión de paz en Chipre en 2005 y en 2006: se hacía cargo de las comunicaciones dentro de la isla con el personal argentino. “Estuve como jefa de campaña con más de cuarenta hombres a cargo, de diferentes países”, destaca. En todo el contingente del país había siete mujeres. Actualmente es oficial de Comunicación en el Batallón 602 del Ejército: es la primera vez que hay una mujer en ese puesto, cuenta. En su familia no hay militares; su mamá es comerciante y su papá, DT de fútbol del Club Deportivo Español. “Al principio se sorprendieron, pero ahora están orgullosos. Lo mío es vocación por servir, una siente como un llamado imaginario”, describe. Esta semana Pérez, junto a Stella Maris Goñi (ver aparte) y otras militares, brindó su testimonio en un panel del Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género en el marco de las Operaciones de Paz, organizado por la Representación de la Mujer de Cancillería, a cargo de la embajadora Magdalena Faillacce, para promover la implementación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la 1325, que impulsa la incorporación de personal femenino en misiones humanitarias.