Es factible que un gobierno de derecha dé respuestas válidas para la seguridad vial, pero no es hasta ahora el caso de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. El plan de reordenamiento del tránsito que se anunció el jueves concierne explícitamente a la seguridad vial en tanto dispone que las empresas facturadoras de “fotomultas” dediquen el 50 por ciento de su actividad a detectar infracciones graves, como exceso de velocidad o violación de semáforo en rojo: así, la sanción viene a situarse decididamente en términos recaudatorios; aun cuando el Estado porteño no lo planteara así, el propósito de la empresa privada que registra la infracción es recaudar para sí misma. Se desconoce así que el encargado de registrar la falta debería ser representante de una política de seguridad vial, función que sólo puede ser cumplida por agentes del Estado, con aptitudes y capacitación para ejercer tal responsabilidad.

Pretender solucionar los problemas de la privatización de las multas confiándoles a las empresas la detección de faltas graves es como tratar de solucionar los problemas vinculados con las empresas de seguridad privada confiándoles a sus agentes la investigación de homicidios. Y el extravagante límite del 50 por ciento obedece a un criterio comercial, como si las infracciones fuesen un mercado –lo son de hecho, en este ordenamiento– que se reparte de un modo u otro. El gobierno debe, primero, crear las condiciones preventivas para que se generen cada vez menos infracciones, y luego tratar de sancionar todas o la mayor parte de las que se produzcan.

Es factible, y ha sucedido en otros países, que un gobierno de derecha dé respuestas a la seguridad vial: importa hacer esta reserva porque habilita la posibilidad de apostar, alguna vez, a una política de Estado que vaya más allá de las alternancias gubernamentales. Pero tal política es imposible bajo gobiernos ligados con el capitalismo prebendario.

Así, por ejemplo, es pronosticable la repetición de un choque como el que tuvo lugar en Dolores el 10 de marzo; en mayo, cuando se estableció que el conductor del micro carecía del descanso reglamentario, la empresa El Rápido Argentino fue sancionada con la irrisoria multa de 10 mil pesos. El accidente se repetirá porque el gobierno nacional no se ha mostrado dispuesto a poner límite al capitalismo salvaje en el transporte. Por lo demás, la situación de grave riesgo vial en la ciudad de Buenos Aires persistió y se agravó durante siete años de gobierno comunal “progresista”.

Ciertos significados sociales de la inseguridad vial pueden vislumbrarse en la respuesta que, el jueves, dio el actual ministro de Seguridad porteño a una pregunta sobre el riesgo aumentado que corren los peatones: anunció “campañas de concientización en centros de tercera edad y comedores infantiles en barrios de emergencia”: los ancianos deberán aprender a protegerse, ellos, de la inmensísima mayoría de automovilistas que no respeta la prioridad peatonal; y los niños sabrán cuidarse del conductor que, por razones de “seguridad”, no se detiene ante los semáforos próximos al “barrio de emergencia”.

En estos términos, el tema de la seguridad vial –ese asunto casi municipal, desdeñado por los “analistas políticos”– puede configurarse como lo que el recientemente fallecido psicoanalista Fernando Ulloa llamó “fractura institucional”: ese punto donde una comunidad es invitada a repensarse a sí misma o, dicho de otro modo, donde una sociedad revela sus miserias.