Una cuarta persona, que estuvo a punto de ser arrojada al Riachuelo y que pudo salvarse de manera provisional, se presentó ayer a declarar ante la jueza María Cristina Bértola. El nuevo testimonio corrobora y aporta nuevos detalles del operativo, ya que la cuarta víctima, luego de sufrir la detención y el maltrato inicial, en la esquina de La Constancia y Cruz, en el Barrio Illia, fue subida al patrullero en el que iba el joven Ezequiel Demonty, quien murió ahogado luego de ser golpeado por varios de los 10 policías que siguen involucrados en la causa. El nuevo testigo, que declaró bajo identidad reservada, pudo bajarse del móvil policial, luego de inventar una historia que llegó a convencer a los policías de que era inconveniente que siguiera la misma suerte que los otros tres detenidos. La persona, que había dudado en presentarse a declarar por temor a represalias, fue llevada a Tribunales, bajo la asistencia y apoyo de organismos que actúan en defensa de la víctima.
La persona que se presentó ante la doctora Bértola declaró que estuvo sentada junto a Ezequiel, en el mismo patrullero, y relató una serie de frases escuchadas a los policías que demuestran que apenas partieron del Barrio Illia ya tenían decidido qué hacer con los chicos. “Un chapuzón en el Riachuelo les va a enseñar que no tienen que robar”, habría sido una de las frases que escuchó el testigo de identidad reservada. La traumática situación vivida hizo que la persona en cuestión desapareciera unos días de su domicilio, aunque se sabía de su existencia a partir del testimonio de los dos chicos que sobrevivieron a la tragedia del Riachuelo.
El nuevo testimonio fue aportado con intervención directa de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (Ofavi), que depende de la Procuración General de la Nación. La persona, cuando declaró, fue acompañada al despacho de la jueza por funcionarios de esa dependencia oficial que dirige Eugenio Freixas. La misión de la Ofavi es la de darles asistencia social, psicológica y médica a las víctimas, a las que acompaña en todos los trámites jurídicos que deban realizar. La Ofavi, junto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Consejo Nacional del Menor y el programa del Gobierno porteño para las víctimas del delito, ya venía dándoles asistencia a los otros dos chicos del caso.
Ayer, el jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, admitió que este caso constituye “un punto de inflexión en la historia” de la fuerza, reiteró que habrá “una profunda revisión” del accionar de sus hombres, a los que se impondrá la obligación de cursar materias de la carrera de Derechos Humanos. Para alejar toda especulación respecto de la causa, la jueza Bértola resolvió ayer separar del caso a la Policía Federal y pidió la cooperación de la Gendarmería.