Durante un año y ocho meses, desde el hallazgo del cuerpo de Natalia Melmann, la utopía anquilosada de Miramar (llamarse la ciudad de los niños) fue sostenida a cuatro manos por las mordazas del poder político, y sometida bajo los embates de la indignación contra la impunidad. Entre esos dos extremos irreconciliables, además del cuerpo de la joven violada y asesinada la sociedad fue haciendo otros hallazgos. El fallo condenatorio saldó algunos (ciertas responsabilidades directas en el crimen), pero difícilmente lo pueda hacer con otros. El 18 de febrero del año pasado, cuando aún todos señalaban al Gallo Fernández como “único” autor, Página/12 ya prenunciaba el cisma entre el poder político y la sociedad. Durante el juicio que concluyó ayer, la querella insistió con esa misma idea, reclamando investigar una asociación ilícita entre políticos y policías. Nadie sabe si ese reclamo quedará como una mera formulación. Lo que sí saben todos es que Miramar ya no será la misma.
El cisma es evidente: son tantos los que defienden una vida digna como quienes sostienen el silencio. Oscar Echenique, uno de los condenados, tiene 17 hermanos. Del lado de Ricardo Suárez, son cinco. Y el mayor de ellos ya dio la tónica cuando atacó a Gustavo Melmann de un modo poco afín a su actividad de verdulero: a golpes de karate y al grito de “a vos te vamos a matar”. El propio Gustavo Melmann sufrió presiones tan simples como la escasa distancia con los imputados o sus amigos. En una ocasión, viajó a dos asientos de Rambo Anselmini en micro, de Miramar a Mar del Plata, para seguir el juicio. El como querellante y el asesino de su hija como acusado. En otra ocasión, dos de los policías testigos (luego detenidos por falso testimonio) lo apretaron también en un micro y de uniforme.
Igual que en la Catamarca de María Soledad Morales, amenazas, aprietes y boliches como zona liberada serían imposibles sin el amparo del poder político. Durante el juicio, quedó en evidencia que el mismo tribunal compartía ese criterio: a cada uno de los jóvenes citados como testigos, los jueces les hicieron tres preguntas: “¿Los menores pueden entrar a los locales para adultos?”; “¿adentro pueden consumir bebidas alcohólicas?”, y “¿hay control policial?”. Las respuestas fueron siempre las mismas: respectivamente “sí”, “sí” y “sí, pero nos avisan antes para que nos vayamos”. En el mismo juicio quedó en evidencia parte del negocio: políticos y policías son dueños de los boliches de la zona liberada de la costa.
Siguiendo con la figura del amparo, las tres primeras marchas de silencio organizadas por la familia Melmann, en febrero de 2001, contaron con una figura estelar: el intendente Enrique Honores. Llegó incluso a entregar una oficina para que los Melmann recolectaran denuncias. Su participación terminó cuando las denuncias empezaron a acusar no sólo al Gallo sino también a policías y políticos. Incluso arrebató el local gentilmente cedido. Uno de sus cuñados publicó una solicitada acusando a Página/12 de “crear una fábula aberrante”. Otro de sus cuñados agredió a golpes de puño a Alberto Pensotti, director del semanario local El Planeta, que seguía estoicamente el caso Melmann contra el viento y la marea oficialista. El agresor fue Pacho Serré, marido de Susana Honores, por entonces presidenta del bloque de la UCR.