Las contradicciones, las inconsistencias, las violaciones a los derechos humanos de una niña de 12 años en Mendoza parecen no tener fin. Una vez más las instituciones que debían protegerla no sólo incumplieron sino que agravaron los daños.

La violación y posterior embarazo de la niña probablemente hubieran podido evitarse. En mayo pasado, una denuncia de violencia sobre la niña y su madre recayó sobre el juez Ferrer. Esa denuncia tenía la finalidad de brindar protección a las víctimas. Sin embargo, el juez no dijo si había tomado medidas. De todos modos, ni en mayo ni en junio ni en julio, que es estimativamente cuando la niña fue violada, la Justicia encontró algún mecanismo para evitar que la brutalidad cayera sobre ella.

Esa misma Justicia, cuando la niña y su madre solicitaron la interrupción del embarazo producto de una violación respecto de la cual el Estado no la resguardó, es la que decidió privarla de la libertad en un hospital con fundamentos tan cuestionables como la necesidad “de controles ginecológicos” y “de alejarla del violador”. ¿Estas son las medidas adecuadas para proteger a niños y niñas víctimas de abuso sexual? ¿Debemos alejarlos de su vida, su hogar, sus actividades y encerrarlos en efectores públicos? ¿No cuenta la Justicia con medidas como las exclusiones de hogar y las prohibiciones de acercamiento de los violentos?

La revictimización, con todo lo que esto significa, no fue la única consecuencia de la internación. Esta resultó funcional a otros fines, al hostigamiento, la culpabilización de la niña, el temor infundido morbosamente por grupos fundamentalistas confesionales que, sin ningún resguardo, ingresaron a la habitación de la niña, le entregaron cartas, fotos de fetos mutilados. Recién ante las crisis nerviosas de la niña y las denuncias públicas se tomaron nuevas medidas: la nena fue completamente aislada, hasta de su madre, a quien se le dictó una prohibición de acercamiento respecto de su hija.

Sumado a todo ello, hay medidas que sí se toman, sí se persigue, se amenaza y se imputa públicamente de “abortistas” a las mujeres y organizaciones que luchamos por la defensa, reconocimiento y respeto de los derechos de mujeres y niñas. Sería bueno que el juez y la codefensora oficial que realizaron tales manifestaciones las rectificaran o en caso de ratificarlas las fundamentaran. ¿Entienden que defender el acceso a derechos reconocidos y procesos de tomas de decisión libres es lo mismo que promover el aborto? Sólo la ingenuidad, la ignorancia o el fundamentalismo podrían sostener afirmaciones de ese tipo. No promocionamos el aborto, entendemos que hay situaciones regladas que deben ser respetadas porque además comprometen derechos humanos de las mujeres involucradas en la toma de decisión.

Ser pobre en Mendoza y pedir protección, reclamar el acceso a derechos regulados por el ordenamiento jurídico parecen ser hoy apenas utopías.

* Abogada (Organización Las Juanas y las Otras).