La Línea Sur de Río Negro es el camino que une los extremos de la provincia, Viedma y Bariloche, el mar y la montaña. Es una llanura extensa, de clima hostil, desértico y con innumerables comunidades mapuches asentadas desde antes de que esa tierra sea llamada Argentina. El Lof Mapuche Pedraza-Melivillo, descendiente de los primeros habitantes, enfrentó una orden de desalojo del gobierno provincial, en diciembre de 2006. Junto al Consejo Asesor Indígena (CAI) resistieron la medida y lograron interponer la Ley 26.160 para permanecer en el lugar. A un mes de ser sancionada, la legislación cumplía su cometido. El CAI la reconoce como una herramienta, pero también advierte sobre una serie de baches que tienen un doble filo para los pueblos indígenas.

“La ley sirvió, pero no por virtud de los políticos ni de los jueces, sino porque estamos organizados, nos movilizamos y luchamos políticamente para evitar los desalojo”, explicó Chacho Liempe, del CAI, y considera la norma como “una cortina de humo para dejar pasar tiempo, frenar la lucha de los pueblos indígenas, dividir y cooptar comunidades”.

La 26.160 es breve: veintiséis líneas que conforman siete artículos. Al legislar sólo en casos de comunidades que “tradicionalmente ocupan”, deja fuera a las familias que desean volver a sus tierras ancestrales; contempla sólo a quienes cuentan con personería jurídica (no hay cifras oficiales, pero las organizaciones estiman que son amplia mayoría las que no tienen reconocimiento legal. Caso testigo el de Misiones: con más de cien comunidades, sólo 26 tienen figura legal). Ambos situaciones van a contramano de legislación internacional.

Otro fuerte cuestionamiento es la incertidumbre sobre qué sucederá luego de realizar el relevamiento. Ni la ley ni el Gobierno contemplan un programa de regularización territorial ni mucho menos expropiaciones a favor de las comunidades. “La 26.160 propone un mapeo de tierras, pero no va más allá. Se queda a mitad de camino. No propone nada. Pareciera dejar todo librado a que cada comunidad haga juicio, pero ése sería un camino largo, costoso y que no asegura buenos resultados para los pueblos indígenas”, explicó el abogado Enrique Oyharzábal.

Una solución de fondo, reclamada por las organizaciones más críticas, es analizar el proceso histórico de usurpación de tierras a los pueblos indígenas, tomar como prueba la infinidad de material revisionista existente y poner en tela de juicio los títulos de propiedad sospechados. Los principales opositores de una acción de fondo son los estados provinciales (aún poseedores de tierras fiscales), grandes estancieros y empresas internacionales.