La discusión sobre la edad de imputabilidad y la aplicación de medidas de restricción de la libertad a menores se instaló en la Corte Suprema. El tribunal tiene pendiente resolver un planteo que –a contramano de los reclamos de castigos más severos desde los 12 años– cuestiona la constitucionalidad del régimen actual, que permite la privación de la libertad en institutos de los chicos que no hayan cumplido 16 años “si existiere imputación en su contra”. El presidente de los supremos, Ricardo Lorenzetti, propuso en el plenario de ayer a sus pares a adoptar una definición en el tema lo antes posible.

Hasta ahora, la única integrante de la Corte que habló públicamente del asunto, sin aludir al expediente en trámite, fue Carmen Argibay. Frente al delito, sostuvo, la solución no es “bajar la edad (de imputabilidad), ni subir las penas, ni nada de eso”. En una entrevista radia dijo que esas son “reacciones virulentas” que “no dan resultado”. El viernes, como publicó PáginaI12, en el Encuentro Nacional de Mujeres Juezas planteó que esas respuestas estigmatizan y cargan la culpa sobre los niños. “No hagamos responsables a los chicos. Pongámonos a ayudarlos de manera que no signifique torturalos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como animales”, advirtió. Tampoco ayuda, añadió ayer, “cerrar los institutos de menores” y devolverlos a la calle sin planes de protección o inserción social.

La causa sobre menores que tramita en la Corte es un hábeas corpus colectivo presentado por la Fundación Sur –que dirige el diputado Emilio García Méndez (Bloque SI)– a favor de los menores de 16 años privados de su libertad en el instituto porteño San Martín. Llevaba la adhesión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fue rechazado en primera y segunda instancia. Pero cuando llegó a la Cámara de Casación la Sala III declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley penal de menores 22.278 (un decreto de la dictadura), que permite ordenar el encierro en institutos de quienes no cumplieron 16 años cuando existe una imputación penal basada en una acusación policial. La misma norma, paradójicamente, los considera inimputables.

El fallo de Casación, de diciembre de 2007, ordenó liberar en un plazo de 90 días a los chicos que estuvieran en esas condiciones en el Instituto San Martín y que se les brinden planes de protección. A su vez, exhortó al Congreso a aprobar en el plazo de un año una ley sobre responsabilidad penal juvenil adecuada a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos del niño, que señalan a las medidas de encierro como último recurso y por el menor tiempo posible.

El caso llegó a la Corte con la réplica del fiscal de Casación. En marzo último, los supremos frenaron la liberación de los menores por razones de “gravedad institucional” y dejaron pendiente el análisis de la cuestión de fondo. A su vez, pidieron informes a todos los jueces de menores y a la Secretaría de Niñez. El mes pasado convocaron a una audiencia pública, pero la suspendieron, en teoría porque el procurador dijo que no iba a presentarse.

García Méndez describió el escenario actual: “Hoy los jueces disponen de los menores de 16, los pueden privar de sus libertad para hacerles estudios y ‘protegerlos’ hasta los 21 años. A los mayores de esa edad les dan un tratamiento tutelar, algo que nadie sabe bien qué es. Si funciona, lo devuelven a su familia. Si no, se lo juzga después de los 18 como a un adulto. Si es de clase media siempre funciona –ironiza–. Si es pobre, la criminalización es automática”. Se estima que hay 1800 menores de 18 años privados de su libertad y que el 30 por ciento no llegan a 16 años. “No entiendo cuál es el bien jurídico superior a la libertad que protege la Corte para seguir dilatando esto”, añadió.

En la Corte son bastante celosos cuando de señalar políticas públicas se trata, y el fallo de los camaristas de Casación los tomó por sorpresa. A su vez, no quisieran que el Poder Judicial pague el costo de dejar libres a chicos acusados de delinquir. En este contexto, tampoco estarían decididos a avanzar con una resolución que selle una postura radical sobre la cuestión de fondo, aunque eso está por verse. En los últimos meses, el único proyecto que circuló dentro del tribunal –según pudo saber este diario– es de su Secretaría de Derechos Humanos y evita respaldar la declaración de inconstitucionalidad de Casación.

Al calor del debate desatado por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, al pedir bajar la edad de imputabilidad, Sus Señorías retomaron la discusión ayer. Lorenzetti anunció a sus colegas que pondría a circular una nueva propuesta. Hay funcionarios cortesanos que especularían con rechazar el hábeas corpus, como vía para este reclamo, pero –por ejemplo– instarían al Congreso a aprobar una legislación que contemple un régimen penal integral que respete los derechos del niño. De uno u otro modo, tendrán que evaluar la situación penal de los menores. El asunto será hasta qué punto se aventuren a opinar sobre un tema que resurge con reclamos de mano dura frente a algún hecho puntual.