Es vergonzoso que los sucesivos gobiernos provinciales de Jujuy en casi dos décadas no se hayan (pre)ocupado por la aprobación de una ley de cuotas que promueva la participación política femenina. No hay que abundar en argumentos para sostener que los partidos políticos son reservorios machistas y patriarcales: salvo contadísimas excepciones, han sido conducidos históricamente por varones. Y son ellos los que deciden el armado de las listas. A partir de la sanción de la Ley de Cupo Nacional, ha ido creciendo paulatinamente la presencia de mujeres en el Congreso. Hoy, la Argentina es un modelo: el Mapa de Mujeres en Política 2008, presentado por la ONU y la Unión Interparlamentaria un año atrás, ubicó a nuestro país en el cuarto lugar en el ranking mundial de la representación parlamentaria femenina. Es la mejor posición en América latina, con el 40 por ciento de legisladoras en el Parlamento nacional, una proporción similar a la que exhibe Finlandia y por encima de países como Holanda y Dinamarca. No se trata sólo de una cuestión de igualdad. Las mujeres son la mitad de la población: su presencia en las Legislaturas es un aspecto básico de una democracia con calidad institucional.

Sin una normativa que obligue a los partidos políticos a intercalar candidatas en las listas en lugares con posibilidades de resultar electas, las mujeres serían fácilmente relegadas a los últimos lugares. Como ocurría antes de 1991, cuando se sancionó de la Ley 24.012, y del dictado posterior de normas provinciales. Un ejemplo claro es Jujuy. Sin ley no hay mujeres o son muy pocas. No debe ser casualidad que en esa misma provincia tampoco haya un área de la mujer en el gobierno, que permita nutrir a las políticas públicas de la perspectiva de género para subsanar desigualdades históricas con mayor eficacia y justicia. En 2006, Jujuy tuvo la tasa más alta de mortalidad materna del país: 16,5 cada 10 mil nacimientos frente a un promedio nacional de 4,8. A pesar de ser prevenible, el cáncer de cuello es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en Jujuy. “Es una verdadera tragedia”, me dijo hace unos meses el médico Ricardo Cuevas, jefe de Unidad del Servicio de Ginecología del Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Es el centro oncológico de la provincia. Cuevas me contó aquella vez que en Jujuy nunca se hizo una campaña para promover que las mujeres se hagan un pap.

La presencia de mujeres en los parlamentos no garantiza que se ocupen de los problemas que afectan a las mujeres, pero está demostrado que es más probable que sean ellas las que intenten darles una respuesta. Leyes como la de Protección contra la Violencia Familiar en 1994, la que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2003, la sancionada semanas atrás para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos de sus relaciones personales, y la misma Ley de Cupo, son apenas unos ejemplos. Las votaron también legisladores varones, pero fueron impulsadas por mujeres de distintos bloques que se alinearon tras el mismo objetivo, que tuvieron que negociar e insistir en sus bloques para que los temas ingresaran en la agenda prioritaria del Congreso. Jujuy tiene una deuda enorme con sus mujeres. Es hora de saldarla.