“No tienen que publicarse sus nombres. Desde el punto de vista ético hay que preservar la identidad de los pacientes”, consideró el director del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda, Juan Garralda, sobre la decisión del gobierno porteño de difundir en el Boletín Oficial una nómina de casi doscientas personas allí internadas que estarían en condiciones de ser “externadas”. Garralda se mostró sorprendido al enterarse, a través de Página/12, de la divulgación de la identidad de los pacientes en el Boletín Oficial, en un anexo del decreto que crea el Programa Piloto de Externación Subsidiada para la Resocialización, en el ámbito del Ministerio de Salud. A través de ese dispositivo se brindará ayuda económica a las familias de pacientes que se encuentren en condiciones de dejar el Borda. El decreto prevé un subsidio de un máximo de 700 pesos por mes a lo largo de un año y con la posibilidad de ser renovado por un año más.

Garralda explicó que el programa se inscribe dentro de las obligaciones que tiene el gobierno de brindar alternativas a la internación, contempladas en la Ley 448 de Salud Mental, sancionada en el año 2000. “Esta es la primera medida en ese sentido. Hasta ahora no se había hecho nada”, observó. El programa está dirigido a pacientes que “tienen una pequeña imposibilidad de vivir por su cuenta”. “Se le brinda un subsidio a su familia para que cubran los costos de sus necesidades y continúen con su tratamiento de forma ambulatoria”, señaló. Experiencias similares ya se están llevando a cabo en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Río Negro y Córdoba, agregó. El Borda tiene alrededor de 845 pacientes. “Si tuviéramos dispositivos como casas de medio camino, casas compartidas u hostales, como prevé la ley, unos doscientos pacientes podrían dejar el hospital. La internación tendría que ser el último recurso, como plantea la OMS y las concepciones modernas de salud mental. Eso no significa que no se necesiten hospitales. Pero cuanto más tiempo está internada una persona corre más riesgo de cronificarse”, destacó.

Las 171 personas, cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial, estarían en condiciones de incorporarse al nuevo programa. Pero todavía no se les asignó ningún subsidio. “Hay que hacer un trabajo con cada paciente, hablar con su familia, y pedirle autorización al juez civil, porque la mayoría están bajo la tutela de la Justicia. Una vez que esos pasos se han dado, se hará una prueba de varios días para que viva con su familia. Si eso funciona, se le daría el subsidio a la familia y más adelante directamente al paciente. No queremos que porque no tengan una familia que los pueda recibir, algunos pacientes se queden sin la posibilidad de participar de este programa”, precisó el director del Borda.