Los recientes sucesos en el Hogar San José Obrero vinculado con la “obra” del cura Grassi se parecen mucho a aquel cuento de Borges donde un anónimo alertaba a un marido ingenuo sobre las peripecias de su mujer, la cual, “con la excusa de trabajar en un lupanar, vendía en realidad allí géneros de contrabando”. El escándalo perfectamente organizado y orquestado por poderosos de todo pelaje, resistiendo al desalojo denunciado por un obispo y ordenado por la Justicia debido a la evidencia de gravísimas violaciones de todo tipo y tamaño, puso al descubierto una situación donde los hechos más graves se escondían y se esconden en el “normal” funcionamiento cotidiano de la institución. Un funcionamiento “normal” que hasta ahora no ha sido puesto en evidencia, tal vez, porque en esta materia hemos perdido la capacidad de percibir lo obvio. Entre otras cosas, el escándalo puso de relieve que buena parte de los niños abandonados fueron rápidamente recuperados por miembros de su entorno familiar, cuya aparente inexistencia era el único motivo que justificaba su “protección”. No quiero abundar aquí en las falacias y los peligros que esconden las diversas formas de institucionalización para el supuesto amparo de sujetos vulnerables.

¿Hasta cuándo y con qué argumentos el Estado seguirá tolerando estas repúblicas autónomas fundadas en un “amor”, para el que no rigen ni los límites ni los controles de ninguna naturaleza? Espacios de grosera y delictiva manipulación de niños y adolescentes. La experiencia concreta y no una vaga especulación filosófica enseña a distinguir las formas legítimas de las formas ilegítimas y espurias de participación de los menores de edad. En las primeras, simplemente, los niños hablan como niños y los adultos, como adultos. En las segundas, los niños hablan como adultos y los adultos, como niños.

En todo caso, algunos interrogantes permanecen flotando en el aire y dependerá de la voluntad real del poder político (de la Nación y de la ciudad) responderlos adecuadamente. Entre otros, resulta incomprensible la ostensible torpeza de la inacción policial. Un poco más clara parece ser la defensa de la “casita” de los niños situada en terrenos de propiedad del Onabe, cuyo valor lejos está de ser de naturaleza simbólica.

Si de la acción de la Justicia y del coraje cívico y solitario de funcionarios como el Dr. Marcelo Jalil no se extraen consecuencias profundas en términos de reformulación de la política social, sólo habrá que sentarse a esperar un nuevo escándalo, aunque le será más difícil a la dirigencia política mostrar sorpresa y estupor frente a la sociedad.

* Diputado nacional. Presidente de la Fundación Sur Argentina.