Durante todo el juicio y aun después de la condena, la estrategia de Julio César Grassi siempre fue la misma: presentarse como víctima de una campaña orquestada desde los medios de comunicación para condenarlo. Contra todas las evidencias evaluadas por la Justicia, el cura seguirá insistiendo en su inocencia porque ello le permite instalarse en la condición de mártir, así esta caracterización sólo tenga valor para sí mismo y para sus seguidores incondicionales. Mientras tanto, la jerarquía de la Iglesia se ha mantenido cautelosamente al margen, intentando mitigar el daño institucional y reiterando que respeta el fallo de la Justicia.

La insistencia de Grassi en su inocencia es una forma más de no asumir responsabilidades frente a los hechos que le fueron probados. La proclamación de la inocencia puede leerse así como una manifestación más de la perversidad de la conducta del cura. En un último reportaje publicado por un medio católico, Julio Grassi habló de los intentos de “presionar mediáticamente a la Justicia”, diciendo que esta pretensión no sólo alcanza “a los jueces, sino a la sociedad, haciendo ostentación de un poder de ‘dibujar la realidad a su antojo y acorde a sus intereses’”. Y agregó: “Hablo sobre todo del grupo interesado en atacarme y de sus aliados”. ¿Quiénes son? Nunca quedó claro cuáles son los intereses que se le oponen, cuáles los grupos complotados contra él. Salvo que el cura considere que la Justicia, en la que dijo creer, sea parte de esa conspiración.

No hay datos en cambio respecto de quién proveyó el dinero para la costosa defensa del cura, ni se aportó transparencia sobre otras acusaciones que, más allá de las probadas, rondan en torno de la Fundación que dice estar dedicada a la protección de niños y jóvenes. Y si Grassi habla de conspiración mediática en su contra, debe admitir que en torno de él y para su defensa se montó también una estrategia compleja de medios y marketing para vender la imagen de la víctima, del mártir. De ello da cuanta la página www.causagrasi.org, lugar donde se ventilan los méritos del cura, las apelaciones de inocencia y las cadenas de oraciones de sus seguidores. Si hasta se instrumentó allí una encuesta virtual convocando a votar por Grassi “inocente” o “culpable”. ¿Puede imaginarse el resultado? 7751 votantes (80 por ciento) se inclinaron por la inocencia, 1647 (17 por ciento) por la culpabilidad y apenas 334 (3 por ciento) manifestaron no tener opinión al respecto. Lo que sorprende es que, en ese sitio, tantos se hayan inclinado por la condena.

Conociendo la manera como se manejan los obispos, sus temores y ambigüedades institucionales, Grassi utilizó también ese flanco. Aunque ningún jerarca de la Iglesia salió a respaldarlo públicamente, él se encargó de decir que el cardenal Jorge Bergoglio “siempre está a mi lado”. Así como no hubo apoyo explícito, tampoco existió una desmentida clara y terminante del presidente del Episcopado a los dichos de Grassi. Pero el cura condenado no se detuvo ahí. En declaraciones recientes mencionó a un total de doce obispos locales, provenientes de todo el espectro ideológico eclesiástico, que según él le dieron respaldo. “También he recibido apoyo del nuncio (embajador del Vaticano)” y hasta de un obispo de Angola, dijo.

En los últimos días los obispos han venido calibrando en privado el perjuicio institucional que les acarrea la condena a Grassi. Porque si bien lo que se juzga es una conducta individual, la investidura institucional del cura roza a la propia Iglesia. Máxime cuando este hecho se suma a un ya largo rosario de delitos de abuso de menores comprobados a miembros de la institución eclesiástica en diversas partes del mundo.

Lo más probable es que la institución eclesiástica permanezca inmutable. La respuesta será entonces que “hemos respetado y seguiremos respetando la Justicia”, con el agregado de que “el hecho no involucra a la institución”. Es la manera que los obispos eligen para minimizar los costos. Aunque los costos sean grandes, también en lo institucional. Porque aunque se trata de una persona, Grassi es un ministro religioso de clara identificación con la institución que lo formó y que, incluso, se sirvió de los réditos que en determinado momento el hoy condenado obtuvo de su actividad pública. Pero además, la Iglesia tendrá que revisar también institucionalmente cuáles son las condiciones que habilitan la presencia en sus filas de este tipo de delincuentes.