El legislador porteño Diego Kravetz (Frente para la Victoria) afirmó que el decreto “viola la ley nacional y local de hábeas data”, en tanto que su par Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) definió al texto como “claramente violatorio del derecho a la intimidad de las personas”. “No existe ningún motivo lógico que explique por qué se les pide a las empresas información sobre cuántos empleados sufren algún tipo de adicción; e incluso se podría decir que esta demanda es inconstitucional”, agregó Rabinovich.

Sin embargo, el abogado Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, señaló a este diario que el gobierno porteño “puede recabar la información de carácter estadístico, porque tiene la obligación de hacer vigilancia epidemiológica, y las adicciones están consideradas entre las enfermedades graves. Es un debate entre el derecho a la privacidad y el derecho a la salud”. El límite, añadió Ganora, es la individualización de las personas, cuyos datos –considerados sensibles– se manejan, pero también el marco que permitió recogerlos: “Lo primero es que haya una ley que autorice a recoger esos datos, indicando puntualmente cuál es la finalidad que se persigue a partir de esa información”. En el caso del decreto, el marco es el Registro de Empleadores, no la aplicación de políticas de salud, y los considerandos hablan de obtener “información respecto de la contratación, vinculación e información sociolaboral del mercado del trabajo” porteño.