“En ocasiones se suele arribar a la errónea conclusión de que la víctima fue captada, transportada o receptada con finalidad de explotación sólo si no tiene en el lugar en donde se la explota suficiente libertad ambulatoria o suficiente capacidad de comunicación con el mundo exterior”, señaló a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. Con la preocupación de que en algunos juzgados se interprete la ley de trata de forma tal que favorezca a los tratantes y los deje impunes, en la Ufase están trabajando en la redacción de un instructivo para que los fiscales “entiendan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de trata”, explicó Colombo, que coincidió con los argumentos del juez federal de Santa Rosa (ver nota central).

“No debe otorgarse valor definitorio a las declaraciones de las víctimas cuando dicen estar en el lugar de explotación por su propia decisión y voluntad, pues lo que la figura penal exige es determinar, principalmente, si esa voluntad no está viciada por la existencia de algunas de las siguientes modalidades: amenaza, engaño, fraude, violencia, cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad.” En ese sentido se pronunció recientemente la Cámara Federal de Mar del Plata al confirmar el procesamiento de dos imputados por el delito de trata de personas. Sostuvo el tribunal que “las particulares circunstancias personales de las femeninas, su situación familiar y económica evidencian un grado de debilidad y vulnerabilidad tal que es demostrativo prima facie de que aquél (el consentimiento) se encontraba afectado de alguna u otra manera por las características particulares de los sucesos previos o por la desamparada situación en que se encontraban las víctimas antes de su reclutación”.