La información con la dirección del prostíbulo donde se realizará el allanamiento no se transmite por teléfono: ésa es una máxima que aprendieron en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, para evitar filtraciones. Y aun con esa precaución, algunas veces han llegado a un burdel donde las tareas de inteligencia policial previas confirmaban la presencia de adolescentes y lo encontraron vacío, con una señora en la puerta que los está esperando para ofrecerles una visita guiada al lugar, contó Zaida Gatti a este diario. Es lo que les sucedió el 28 de agosto, cuando llegaron a la Casa de Marisa, el burdel de Carmen de Areco al que volvieron en la madrugada del sábado último, esta vez sin filtraciones, y finalmente encontraron y liberaron a cinco víctimas, de entre 18 y 22 años.

Gatti es la coordinadora de los equipos interdisciplinarios integrados por abogados, psicólogas, trabajadora social que están presentes en los procedimientos ordenados por la Justicia en “privados” y whisquerías, donde se explota sexualmente a mujeres víctimas de trata. Seis policías federales están asignados a la Oficina para llevar a las y los operadores y custodiarlos en los procedimientos. Gatti es psicóloga y ella en persona participa en algunos de los operativos. “Uno de los lugares más feos que vi fue un burdel en Arrecifes, en marzo. Después hubo otros peores”, describió a este diario. Condiciones higiénicas y edilicias deplorables, habitaciones oscuras con una cama precaria, un colchón pestilente y una mesita de luz con un rollo de papel de cocina, ventanas por las que se cuela el frío, pisos de cemento de obra, paredes descascaradas, un solo baño para todo el local: ésa es la escena que se repite, dice, casi invariablemente de un lugar a otro, de los que le ha tocado en el último año en distintos puntos del país. En uno, recuerda, había colchones donde las chicas “atendían” en el piso, directamente, en un hall de distribución de una casa. Otra característica que se repite es que las puertas de las habitaciones donde duermen las mujeres suelen tener pasador o candado del lado de afuera. “Siempre nos encontramos con víctimas que están hace 20 o 40 días. No más. Es lo que dura lo que llaman la plaza. Las van rotando, para que no se relacionen entre ellas”, contó. “Las mujeres siempre están muy asustadas cuando llegamos. No siempre quieren desde un comienzo venir con nosotros, que las ayudemos. Gritan, nos insultan. A algunas las podemos convencer. Otras se quedan”, agregó. “Siempre la plata del servicio la cobra una encargada. Las víctimas están convencidas de que van a cobrar. Pero siempre están en deuda. Nunca la pueden pagar. Les cobran multas por diversos motivos: si no se quieren levantar a la hora que les indican, si se pelean entre ellas, si se demoran al regresar de un paseo. Cada multa va de 150 a 500 pesos. En el momento de cobrar siempre están debiendo”, señaló Gatti.

Durante el operativo a un burdel de Arrecifes, situado a unas tres cuadras de la ruta, sobre una calle de tierra, en una zona rural, encontraron varias órdenes de allanamiento originales dirigidas a la policía local por el juez de paz. “Suponemos que llegaban los policías con las órdenes y negociaban. También había papeles de habilitación municipal, pero el local estaba en tan malas condiciones, era tan asqueroso, que nunca podía haber sido habilitado”, indicó Gatti.

La Oficina de Rescate y Acompañamiento asiste a la víctima durante el proceso previo a su declaración testimonial en la Justicia. “Tratamos de que recuerden la mayor cantidad de datos posibles”, aclaró. En ese período son alojadas en hospedajes que paga la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Una vez que la declaración ocurre, pasan a estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. “La mayoría quiere regresar a su lugar de origen. Es muy difícil que las víctimas se recuperen porque no suele haber continuidad en el tratamiento psicológico una vez que volvieron a su casa”, opinó Gatti.