–¿Cómo intervienen las universidades, la academia y los intelectuales en el tema minero?

J. R. P.: –Es muy difícil que un proyecto minero se instale si tiene la comunidad en contra. Entonces buscan la licencia social académica, por eso su vinculación con las universidades. Contar con un aval académico les viene muy bien a las empresas, y las universidades y los laboratorios más especializados son funcionales a eso, al igual que catedráticos, especialistas y personalidades. Exigimos que se rechacen de plano los fondos a las universidades, es un claro soborno, donde se sabe quién paga y quién recibe.

L. C.: –Existen muchos estudios que las universidades hacen a pedido de las mineras. Se prestan a la estrategia de las mineras. Prestan cuadros y brindan servicios para, de una u otra forma, legitimarlas. En Europa, Estados Unidos o Canadá nadie se sorprende que las mineras pongan diez millones de dólares para un edificio universitario, e incluso ponen el nombre de la empresa en el frente. Es algo totalmente aceptado y naturalizado.

–Por otro lado, hay un sector de intelectuales que se acerca a los movimientos sociales. Aunque también genera desconfianzas.

J. R. P.: –Hay algo de ruido con ese tema. Porque siempre aparecen después del “fenómeno”, nunca cuando el movimiento o la lucha está en formación. Igual se acepta que algunos estudiosos integren los movimientos sociales, pero que lo hagan como militantes más, como hay periodistas, geólogos, ingenieros, maestras o cualquier otro oficio. Pero siempre hay alguien que se erige en sabelotodo, y que en realidad está en una etapa de aprendizaje como todos los demás. Está claro que el análisis de una situación de movilización no se da con un título académico. La única autoridad proviene de la práctica concreta, del recorrer los pueblos y escuchar.

L. C.: –En muchas universidades del mundo se estudia la lucha minera y la extracción de recursos naturales. Creo que se pone demasiada expectativa es esos intelectuales y académicos.