¿Será el 2010 el año en que se logre abrir el debate por la legalización del aborto en el Congreso? Diputadas y diputados de distintos bloques, desde el oficialismo hasta la oposición, se han propuesto ese objetivo y están analizando estrategias para conseguir que el tema salte el cerco que lo mantuvo silenciado en los últimos años en el ámbito parlamentario. En la mayoría de los partidos hay un número significativo de apoyos a una reforma legal que saque del Código Penal el aborto, pero algunos de los adherentes no se animan a decirlo abiertamente. Es curioso: no hay investigaciones que señalen que promover la despenalización o legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “piante” votos. Incluso, según mostró la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas que realizó el Conicet bajo la dirección de Fortunato Mallimacci en 2008, los fieles se sienten más cercanos a un discurso laico. Pero la clase política vive en otra sintonía y teme reverencialmente el veto de las jerarquías católicas locales, con la que suelen tener aceitados vínculos y prefiere autocensurarse. Por eso del tema no se habla, aunque las consecuencias de los abortos inseguros, a los que se ven forzadas mujeres de sectores más desprotegidos, es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de veinte años y dejan un costo alto en la salud pública las lesiones uterinas y en otros órganos femeninos producto del uso de métodos precarios.

Se estima que cada año alrededor de medio millón de mujeres deciden una IVE en la Argentina, a pesar del Código Penal. “Es una de las pocas leyes que con su sola aprobación salva vidas, al sacar de la clandestinidad a las mujeres que ponen en riesgo su cuerpo y su vida por tener que recurrir a un aborto inseguro”, señaló a Página/12 la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, sobre el impacto que tendría la legalización. La proporción de muertes maternas por aborto en el país es más del doble de la estimación de la Organización Mundial de la Salud para toda la región latinoamericana. “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”, es un viejo cántico que repiten las organizaciones de mujeres. Es muy probable que si los hombres se embarazaran, también.

El Comité Nacional de la UCR aprobó el lunes, en el Día Internacional de la Mujer, una agenda de género, que incluye la despenalización del aborto, lo que significa que legisladores radicales se comprometieron a impulsar el debate de una reforma legal este año. “Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz y Gerardo Morales nos acompañan con este tema”, confió una diputada de la UCR, con larga trayectoria en el movimiento de mujeres.

Al proyecto que presentó esta semana Nuevo Encuentro, el espacio que encabezan Martín Sabbatella y Carlos Heller, para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, se sumará otra iniciativa similar consensuada en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que integran más de 250 organizaciones de mujeres, sociales, gremiales a lo largo del país. El proyecto de la Campaña ingresará el martes a la Cámara de Diputados de la mano de un abanico de legisladoras y legisladores de un amplio espectro político: la primera en firmarlo días atrás fue la kirchnerista Juliana Di Tulio, con el aval y respaldo de las autoridades del bloque oficialista. Y en los últimos días ya plasmaron su adhesión 24 diputados más: las radicales María Luisa Storani, Silvia Storni, Silvana Giúdici y Néstor Hugo Castañón, los socialistas Miguel Barrios, Lisandro Viale, Mónica Fein y Alicia Ciciliani; Cecilia Merchán y Victoria Donda, de Libres del Sur; Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica; Fabián Peralta, Gerardo Milman y Horacio Alcuaz, del GEN; Adela Segarra y Adriana Puigróss, del FpV; Héctor Alvaro, del bloque La Concertación de Mendoza; María Josefa Areta, del Frente de Todos de Corrientes; Nélida Belous, de Proyecto Progresista de Tierra del Fuego; Verónica Benas, del SI; Claudio Lozano y Liliana Parada, de Proyecto SUR. Ya adelantaron que lo acompañarán también Margarita Stolbizer, líder del GEN, y los cinco diputados de NE.

El proyecto de la Campaña, en realidad, ya fue presentado en Diputados en 2008, con 22 firmas. Pero nunca se trató. El 1° de marzo perdió estado parlamentario y por esa razón vuelve a ingresar. Básicamente, consagra el derecho de toda mujer a decidir una IVE durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Las diferencias con la iniciativa de Nuevo Encuentro no son grandes. Unos y otros remarán para el mismo lado.

El presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, tiene en mente un proyecto menos jugado, que tal vez podría arriar más tropa propia: no hablaría de legalizar, sino de clarificar los alcances de los permisos ya previstos en el Código Penal, para evitar la judicialización y las interpretaciones restrictivas de las excepciones. En 2007 y 2008 se discutieron en comisiones proyectos que reglamentaban el acceso a los no punibles, pero finalmente los tratamientos quedaron congelados. Además, a fines de 2008 se llegó a un predictamen para ampliar las excepciones, promovido por el oficialismo, pero también fue cajoneado por el propio kirchnerismo. Los permanentes obstáculos para acceder a los abortos no punibles fueron eje de una dura reprimenda, esta semana, del Comité de Derechos Humanos de la ONU a la delegación oficial que presentó el informe argentino y que encabezó el secretario de DD.HH. Eduardo Luis Duhalde.

En la bancada del FpV, como en la mayoría de los bloques, no hay una posición unánime en torno de la despenalización del aborto. Como ocurre con la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, los apoyos se cuentan transversalmente en la Cámara de Diputados.

Las expectativas entre quienes promueven el debate son lograr que se inicie el tratamiento en comisiones en el segundo semestre, pero antes deben reunir “una masa crítica” de adhesiones. “Vamos a tratar de que este año se pueda discutir finalmente”, dijo Di Tulio a este diario. Uno de los escollos se centra en la presidencia de la comisión de Legislación Penal por la que deberán transitar los proyectos. Está encabezada por Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Quienes lo conocen dudan de que quiera enfrentarse con Elisa Carrió. Es conocida la posición alineada con la Iglesia Católica de la líder de la CC en este tema. La otra comisión por la que pasarán los proyectos es la de Salud, cuyo presidente es Antonio Arnaldo María Amorante, del FpV.

La última vez que el problema del aborto se instaló con fuerza en la agenda política nacional fue en 1994, durante la Convención de la Reforma de la Constitución Nacional, cuando el entonces presidente Carlos Menem, como vocero de la jerarquía católica, pretendió incorporar a la nueva Carta Magna un artículo que garantizara la protección de la vida desde la concepción, con el objetivo de blindar la posibilidad de avanzar hacia la despenalización o legalización del aborto. Es lo que hicieron en los últimos dos años 18 de los 31 estados mexicanos, para evitar que se replicara la legalización lograda en el Distrito Federal en 2007. Pero la iniciativa menemista se topó con una nutrida resistencia, conformada por un grupo significativo de mujeres en el seno de la Convención –Ley de Cupo mediante– y con la oposición de organizaciones feministas y mujeres autoconvocadas. Finalmente, la iniciativa no prosperó y se sancionó un artículo ambiguo y confuso. Fue un gran logro de las mujeres, que le hicieron frente a la avanzada “anti derechos” o “pro vida”. El entonces cardenal Antonio Primatesta, arzobispo de Córdoba, sintetizó el fracaso de la movida cuando afirmó que “Dios se quedó en el frontispicio, no entró en la Constitución”.

Una alianza transversal de legisladoras –y aliados– logró en 2002 la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Saldrá el aborto este año del closet y dejará de ser la legalización de esta práctica tabú en el Congreso?

“Prohibir el aborto es gorila”, desafió a la Presidenta con carteles y a los gritos un grupo de feministas desde los palcos en la inauguración de las sesiones ordinarias. “Hay que escuchar a todos”, respondió la mandataria. Permitir el debate en el ámbito parlamentario –donde debería darse– contribuirá a escuchar a todos y, fundamentalmente, a todas.