María, la niña de 15 años violada en Comodoro Rivadavia, ayer recibió el alta médica en un hospital público de Trelew y regresó a su casa, tras realizarle finalmente el aborto no punible que reclamaba hace más de un mes. El horizonte, de pronto, se empezó a limpiar de nubarrones amenazantes. Una Corte provincial hizo docencia y reafirmó que los permisos para abortar previstos en el Código Penal deben interpretarse de forma amplia. Y rápidamente un tribunal de segunda instancia entendió el mensaje y falló en consecuencia, cambiando la argumentación jurídica que había sostenido tan sólo dos semanas antes.

Esta visión amplia tuvo un respaldo institucional inédito. La avalaron con pronunciamientos públicos tanto el Ministerio de Salud –a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable– como la cartera de Justicia, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos –que se presentó como amicus curiae– y el Consejo Nacional de las Mujeres, que incluso encuadró las negativas del hospital público a realizar los abortos no punibles como formas de violencia (institucional, reproductiva y psicológica) contempladas en la nueva Ley Nº 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

También organizaciones de la sociedad civil que antes no se habían ocupado del tema, como el CELS y la ADC, se manifestaron a favor.

Para evitar que otras mujeres sufran los mismos obstáculos arbitrarios y torturantes que María y A. G., el Ministerio de Salud debe ahora difundir con fuerza la Guía Integral de Atención de los Abortos No Punibles. El compromiso ya fue asumido. Una línea telefónica gratuita que informe a médicos, personal de la Justicia, y sobre todo a mujeres, sobre sus alcances, podría ser de gran utilidad. Los gobernadores podrían seguir el ejemplo de su par Hermes Binner, que en mayo de 2009 adoptó ese protocolo de procedimientos a través de una resolución ministerial.

El Congreso, en cambio, no debería perder tiempo en discutir cómo se deben interpretar los no punibles. Ya está dicho. La semana pasada quedó claro que hay voluntades transversales para promover la discusión por la legalización del aborto hasta las 12 o 14 semanas de gestación, incluso dentro del PRO, donde la diputada Laura Alonso –ex directora de Poder Ciudadano– expresó el lunes en su blog su apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Y no sería la única con esa postura en esa fuerza. “No soy abortista. Estoy a favor de la libertad de decidir”, afirmó Alonso.

Es valioso rescatar que ése fue el argumento más fuerte que se escuchó entre diputadas y diputados que con el pañuelo verde al cuello acompañaron la presentación de la iniciativa. Seguramente hay más que están en la misma sintonía. Algunos, tal vez, no se atrevan a decirlo atenazados por sus convicciones religiosas. Es bueno recordar que ninguna confesión tiene carácter estatal y no hay religión oficial en el país. Las conciencias religiosas de los legisladores –y de funcionarios del PEN– no deberían interferir en los procesos de discusión y aplicación de políticas públicas.

El sábado, en su programa Marca de radio, Eduardo Aliverti le preguntó al jefe de Gabinete sobre el tema y Aníbal Fernández se pronunció por primera vez dispuesto a debatir sobre la despenalización para “encontrarle una solución” a la criminalización del aborto, que afecta a las mujeres más pobres, a pesar de ser “un tipo de fe”, “católico”, que “desde el punto de vista dogmático” está “absolutamente en contra del aborto”. “A la mejor forma que encuentre, voy a sumarme”, anunció.

Cada año en la Argentina, medio millón de mujeres recurren a una interrupción voluntaria de un embarazo, según estimaciones oficiales. Cada hora, siete mujeres egresan de un hospital público del país después de haber estado internadas para la atención de complicaciones de abortos inducidos, practicados en la clandestinidad.

Levantar la penalización del aborto y legalizarlo no es un tema menor. La defensa y ampliación de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, debe entrar por la puerta grande en la agenda parlamentaria.