El ahora ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, viene siendo blanco de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, por la política oficial en lo que respecta a la situación en las cárceles provinciales. En marzo pasado, la Corte Suprema nacional requirió a la Suprema Corte bonaerense que “tome intervención” frente a las “condiciones infrahumanas de detención” que persisten en los institutos penales y en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En 2005, a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Corte nacional condenó la superpoblación, la violencia contra los detenidos y las malas condiciones sanitarias de las cárceles bonaerenses. Según el CELS, hasta el año 2007 se habían registrado algunas respuestas positivas por parte del Ejecutivo provincial, “pero a partir de 2007, tras la asunción del gobernador (Daniel) Scioli, todo lo que se había mejorado volvió a empeorar en forma abrupta”, le dijo a Página/12 Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.

Tanto el CELS, en su informe anual 2010, como el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria han cuestionado las políticas públicas bonaerenses, de la que hacen responsable, por su condición de ministro, a Ricardo Casal. El Comité recordó en un reciente informe que el sistema penal bonaerense es el más extendido del país, con 54 cárceles, 12 institutos penales para menores de edad y 310 comisarías que “alojan más de 30 mil personas”.

El Comité denunció que los internos “padecen la violencia institucional estructural, las torturas como práctica sistemática, la sobrepoblación, el abandono sanitario, condiciones denigrantes e inhumanas de detención y la inexistencia de tratamientos resocializadores. Todos estos factores degradan a las personas y las llevan a la deshumanización y la muerte”.

El organismo sostuvo que el Poder Ejecutivo provincial es “responsable directo de esta situación”. El informe fue elevado, en su momento, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El organismo bonaerense aseguró que no se han tomado “decisiones político-institucionales tendientes a modificar esta realidad”, sino que, por el contrario, las medidas adoptadas “la han profundizado”. Sobre el Poder Legislativo provincial se dijo que “ha promovido reformas legislativas sin sustento alguno, ancladas en la demanda social de ‘mano dura contra los delincuentes’, contribuyendo a agudizar la crisis”.

En ese marco, se aseguró también que el Poder Judicial “no cumplió con su rol de contralor de cumplimiento de la Constitución y las leyes, siendo en gran parte cómplice de la utilización de la tortura contra los detenidos y la impunidad con que cuentan” quienes cometen esos atropellos.

En marzo pasado, el CELS recordó la reforma de la Legislatura provincial que en 2006 limitó la prisión preventiva, pero que en 2008 quedó sin efecto práctico cuando se votó la reducción del dictado de excarcelaciones por parte de los jueces. La situación se empeoró este año con un endurecimiento del Código Procesal Penal respecto de las excarcelaciones. Pochak recordó que “la superpoblación en las cárceles bonaerenses es una de las más altas de América latina”.