Desde Bariloche

Una nueva movilización, esta vez bajo un manto espeso de nieve, reunió ayer a familiares, amigos, vecinos de las víctimas y a diversos gremios, entre ellos la Unter, judiciales, docentes y la Asociación de Trabajadores del Estado. La larga marcha se hizo con la compañía de la nieve, que supone una serie de inconvenientes, superados con fervor por los manifestantes, que primero se acercaron a las tribunales de Bariloche, frente al lago Nahuel Huapi. La intención inicial era pedirle al juez de la causa, Martín Lozada, que se expidiera rápidamente respecto de la situación procesal del único policía detenido. Como la resolución ya había sido tomada horas antes de que las columnas llegaran al juzgado, la marcha fue de apoyo a la medida.

“Lo que estamos pidiendo por todos los medios de prensa es que se presenten a declarar algunos de los muchos testigos que vieron cómo asesinaron a las otras dos víctimas (por el chico Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas). Había mucha gente y es posible que se pueda identificar a los responsables, pero es lógico que tengan miedo. De todos modos, esperamos que lo superen y que vengan a declarar ante la Justicia”, le dijo a este diario Juan Carlos Curaqueo, tío de Nicolás y dirigente de ATE. El fiscal que investiga los dos crímenes, Marcos Burgos, todavía no habría podido determinar de qué armas salieron los disparos mortales.

El chico Carrasco tenía al menos cinco perdigones de plomo en el cuerpo. “Eso se sabe, pero ahora hay que averiguar quiénes lo hicieron”, dijo Curaqueo. La marcha de ayer terminó, como todas las que se vienen haciendo para reclamar justicia, ante la Municipalidad de Bariloche, en el Centro Cívico. El secretario general de la Unter, Jorge Molina, hizo expreso, en el hall del juzgado, el respaldo al juez Lozada e insistió en reclamar “la renuncia del ministro de Gobierno”, Diego Larreguy, y que “el gobernador Miguel Saiz se haga responsable de lo que sucedió”.

Por su parte, los trabajadores de prensa de Bariloche dijeron, por medio de una solicitada, que están “preocupados por las expresiones de intolerancia de distintos sectores de la ciudadanía” ante las notas que publican sobre estos casos. Pusieron de manifiesto, además, las “intimidaciones y agresiones verbales y físicas sufridas por algunos colegas que se desempeñan en distintos medios de comunicación”.

“No podemos aceptar que la línea editorial de un medio ponga en riesgo la integridad de sus trabajadores o limite la cobertura periodística de los acontecimientos porque un determinado sector no acuerde con su criterio”, expresaron los trabajadores de prensa de los medios locales.