El 4 de julio entrará en vigencia la nueva ley del aborto en España. La reforma consagró el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, hasta la semana 22, en ciertas circunstancias. El gobierno aprobó el viernes en el Consejo de Ministros un real decreto que adelantó un día la implementación, prevista originariamente para el 5 de julio. La normativa, que amplió el acceso al aborto contemplado desde 1985 por diversas razones, establece que las chicas de 16 y 17 años deberán informar a sus tutores legales de su decisión de abortar. Pero en caso de que la adolescente tenga un conflicto grave –violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, desarraigo o desamparo–, deberá poner por escrito su miedo y el médico podrá solicitar un informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social. El Partido Popular presentó ya a principios de este mes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley, al considerar que es inconstitucional, ya que desprotege a la mujer, al niño y a los médicos. De todas formas, cuando fue gobierno, el PP no tomó ninguna iniciativa para derogar la ley.