La resolución de la Defensoría del Pueblo fue tomada luego de tres días de huelga de hambre de Claudio Lowy, ingeniero forestal y militante ambiental. El martes último, Lowy se instaló en el edificio de la Defensoría y dejó de consumir alimentos hasta que se diera respuesta a la solicitud de recategorización de los agroquímicos. “Se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, son los meses de mayor uso de agrotóxicos”, explicó Lowy el martes, y realizó un pedido a los medios de comunicación: “La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta para brindarles protección y seguridad”.

El viernes la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente la reclasificación de los agroquímicos al Ministerio de Agricultura. A esa cartera se dirigirán ahora los reclamos de organizaciones sociales, científicos y profesionales de la salud. Argumentarán con el artículo 41 de la Constitución Nacional (“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”), la Ley General del Ambiente (25.675), con medio centenar de estudios (nacionales e internacionales) que vinculan los agroquímicos a efectos nocivos en la salud y, sobre todo, darán cuenta de las innumerables denuncias de familias rurales víctimas de las fumigaciones.