Una investigación de la Defensoría General de la Nación demostró que la Justicia penal otorga a las mujeres víctimas de violencia de género un tratamiento distinto del que brinda a otras víctimas. Y que ese trato diferenciado implica una discriminación que asegura la impunidad de estos crímenes y propende a su perpetuación. El estudio fue presentado por la defensora general Stella Maris Martínez, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se trata de una investigación cualitativa sobre resoluciones y fallos judiciales de distintos tribunales y jueces del país. Las deficiencias detectadas en el estudio consisten en prácticas discriminatorias que se manifiestan en la falta de seriedad con que los operadores de la Justicia penal emprenden las investigaciones sobre hechos de violencia de género; prejuicios y estereotipos con los que valoran las pruebas recolectadas y la frecuente vulneración de los derechos de las víctimas durante la tramitación del proceso.