Si bien el 26 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisionales para las penitenciarías mendocinas, que habían sido ordenadas el 22 de noviembre de 2004, la situación de las cárceles mendocinas está lejos de ser envidiable. Los principales centros de preocupación del organismo internacional eran la Colonia Penal de Gustavo André, de Lavalle y La Penitenciaría, ubicada en la calle Boulogne Sur Mer y ubicada al frente del complejo San Felipe, donde fueron filmadas las escenas de tortura. La Penitenciaría tuvo el triste record de 28 reclusos muertos entre principios de 2004 y mediados de 2006, entre ellos uno de los adolescentes condenados a perpetua, Ricardo David Videla. La lista de vidas perdidas aumentó en el tiempo.

“No subsiste la situación fáctica que ha motivado la adopción y mantenimiento de las presentes medidas a favor de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, disponiendo en consecuencia el levantamiento de las mismas”, informó la Cancillería en base a la resolución del máximo tribunal americano de derechos humanos. Según sostuvieron desde el Estado argentino, el guiño de la Corte llegó, entre otras cosas, por “la construcción y puesta en servicio de un nuevo penal en la localidad de Cacheuta, la demolición de pabellones obsoletos en La Penitenciaría, y la modernización del servicio penitenciario local”.

A fin del año pasado, el organismo resaltó que “las medidas provisionales han tenido indudablemente un efecto positivo para superar la grave situación que ha caracterizado principalmente a la Penitenciaría provincial desde el año 2004”. En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició un largo periplo de reclamos.

El primer avance fue solicitar a los gobiernos nacional y mendocino que informen cada quince días sobre la integridad física de los reclusos en los penales de esa provincia. El motivo: para el octavo mes de 2004 ya había doce muertos en las cárceles de esa provincia. Los impulsores de estas acciones internacionales fueron los abogados Diego Lavado (el mismo que ayer presentó la denuncia por torturas), Pablo Salinas, Carlos Varela y Alfredo Guevara, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que comenzaron con denuncias a nivel local en enero de 2000.

El 16 de marzo de 2004 un enfrentamiento entre internos derivó en el primero de los asesinatos de la serie. El 22 apareció otro interno muerto. En un supuesto intento de fuga dos presos murieron baleados el 28 de junio. Entre el 30 de ese mes y el 27 de agosto, otros tres fueron asesinados a puñaladas. Para el 8 de septiembre otro presunto intento de fuga terminó con un muerto a tiros y mordidas de perros. Otro preso fue hallado muerto el 27 de ese mes. Un puntazo dejó sin vida el 9 de noviembre a otro recluso, como si fuera un número más.

El 4 de noviembre del mismo año, el presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, envió una carta a la Cancillería instando a cumplir las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instaba a solucionar los gravísimos problemas por los que pasaban los internos del penal. El 29 del mismo mes, el gobierno argentino respondió a la Corte, envió un informe y se comprometió a trabajar en la problemática. Como contrapunto, para diciembre eran 16 los muertos durante ese año.

En un mensaje más que contundente, la Comisión visitó la emblemática cárcel mendocina entre el 13 y 17 de diciembre. “Hemos constatado que la situación en la cárcel no es grave, es gravísima”, sentenció el salvadoreño Florentín Menéndez, presidente de la CIDH. Días antes de la inspección del organismo se dio uno de los más violentos asesinatos en el penal. Un interno apareció decapitado, con los brazos y piernas arrancados. La situación provocó la renuncia del director de la cárcel, Mariano Cortez Murillo, a esa altura un mínimo gesto de obviedad.

El juez mendocino Eduardo Mathus dio un plazo de diez días a contar desde el 14 julio de 2005, para que se ordene la situación en La Penitenciaría. El magistrado pidió que las autoridades “den un mínimo trato humano a los internos”, de lo contrario ordenaría el traslado de los reclusos a otros penales. El ordenamiento quedó en la nada. Unos días antes, el 22 de junio de ese año, en el mismo penal apareció ahorcado Ricardo David Videla, el adolescente que había iniciado de la mano de su representante, Fernando Peñaloza, los reclamos ante los organismos internacionales por haber sido ilegalmente condenado a perpetua.

En abril de 2006, la Corte Interamericana presentó un fallo contra el Estado, en el que le exigió que “adopte en forma inmediata e inexcusable” medidas “efectivas” para proteger a los reclusos.

Los abogados del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, representantes de los reclusos y quienes motorizaron la intervención de la CIDH, habían aceptado formar parte de una Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, que intercedía en las negociaciones con el Estado argentino y el gobierno mendocino. Cansados de la falta de apoyo de los poderes públicos decidieron abandonar esa misión en junio de 2006 y continuar actuando por fuera de los entes oficiales.

La Corte Suprema de Justicia también pidió informes y ordenó, en septiembre de 2006 y febrero de 2007, a los gobiernos nacional y de Mendoza que informen sobre la situación penitenciaria en la provincia cuyana y que mejoren las graves situaciones existentes.

El último caso resonante en la ya mítica cárcel, fundada en 1900, había sucedido el 6 de enero de 2010. Un detenido procesado por abuso sexual, fue hallado en su celda ahorcado con sábanas.

Informe:Leonardo Rossi.