No creo que los femicidios constituyan un problema de legislación penal. De hecho, el Código Penal argentino prevé penas altas para los casos de homicidios, que llegan a los 25 años, e incluso prisión perpetua cuando el delito es cometido por el cónyuge, ascendiente o descendiente, o con ensañamiento o alevosía. Aun cuando la legislación podría mejorarse e incorporar el enfoque de género en la elaboración de las normas, el mayor problema radica en que los casos de violencia contra las mujeres reciben un tratamiento discriminatorio por parte de la justicia penal, que muchas veces conduce a su impunidad y a la reiteración de esas conductas. Por ello, para que los femicidios y otros casos de violencia sexista puedan ser esclarecidos y sancionados los responsables es preciso modificar las prácticas judiciales vigentes, antes que las normas. Según analistas españolas, el endurecimiento de penas en ese país en casos de violencia en la pareja condujo a un mayor nivel de impunidad, pues los jueces se resisten a aplicar penas que consideran desproporcionadas. Además, una intervención adecuada y oportuna del sistema de Justicia frente a cada hecho de violencia de género será más útil en materia de prevención, ya sea en términos particulares como generales, pues no habrá dudas de que tales conductas no son toleradas.

Los casos de femicidio, como toda manifestación de la violencia de género, constituyen un problema de discriminación que, como tal, requiere respuestas sistemáticas, permanentes e integrales. Erradicar la violencia sexista exige erradicar la discriminación de género, objetivo que involucra no sólo a la Justicia, sino a todos los poderes públicos y a la sociedad en general. Frente a situaciones de violencia concretas, la respuesta estatal no puede restringirse al responsable, sino que también debe asegurar asistencia integral a las víctimas y medidas preventivas efectivas, cuando exista riesgo de reiteraciones. En casos de violencia de género en las relaciones familiares o interpersonales, se deben implementar políticas integrales que ofrezcan una posibilidad real a las víctimas de salir de la situación en la que están inmersas. Ello implica que tales políticas contemplen, por ejemplo, asistencia médica, legal y psicológica gratuitas; el acceso a una vivienda y a programas de capacitación y reinserción laboral; facilidades para acceder al crédito; la posibilidad de mantener escolarizados a los niños, entre otras.

* Abogada, integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.