En un pronunciamiento histórico, la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el impacto de la penalización de la interrupción del embarazo en los derechos humanos de las mujeres. En el anexo a su comunicado de prensa al final de las sesiones que terminaron la semana última, el organismo señaló que los Estados deben “analizar de forma pormenorizada todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus derechos humanos en general”.

Este posicionamiento de la CIDH surgió luego de la audiencia especial sobre los derechos reproductivos, que como informó oportunamente Página/12 concedió el organismo a pedido de ONG de doce países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Argentina, que tuvo lugar el 28 de marzo. El eje de la sesión fue el problema del aborto y las consecuencias de su penalización en la región. “La CIDH reitera que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección”, indicó el organismo. Y agregó: “Los Estados están igualmente obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan, como la sanción penal al acudir a estos servicios. La CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres, cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”, dice el texto difundido por el organismo. Hay cinco países en la región que no contemplan ni siquiera el aborto terapéutico en su legislación.