En un intento por modernizar la monarquía, la coalición conservadora-liberal demócrata está impulsando un cambio de la ley de sucesión de 1701 que establece la prerrogativa masculina al trono y prohíbe que un heredero se case con un católico. Al parecer, el cambio cuenta con el visto bueno del Palacio, pero tiene dos grandes obstáculos: la Iglesia Anglicana y los quince estados de la Mancomunidad de Naciones.

Según la prensa británica, la Iglesia Anglicana bloqueó la reforma señalando que la enmienda podría destruir un pilar del orden constitucional: el doble rol del monarca como jefe de Estado y gobernador supremo de los anglicanos. Un portavoz de esa iglesia reconoció que la prohibición es anacrónica y aprovechó para deslindar responsabilidades con un tiro por elevación al catolicismo. “La prohibición pertenece a otra época. Pero el monarca es el gobernador supremo de la Iglesia Anglicana y esto no es algo que un católico podría hacer, dadas las reglas internas de esa religión”, señaló el portavoz.

La reforma de la prerrogativa masculina al trono –la prioridad del varón para la sucesión, aunque tenga una hermana mayor– despierta menos complicaciones en lo constitucional, pero iguales dificultades en conseguir su aprobación: para lograr la reforma se necesitará la aprobación de los dieciséis países de ese engendro colonial británico que es la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) que reconocen a Isabel II como reina y jefa de Estado. Estos dieciséis estados firmaron en 1931 el estatuto de Westminster por el que cualquier cambio constitucional debe contar con la bendición unánime de todos sus miembros.

Esta dificultad para el cambio está convirtiendo a Gran Bretaña en una paradoja histórica. Origen en el siglo XVII de la revolución democrática que terminó barriendo con las monarquías en la mayoría de los países europeos, comienzo de la Revolución Industrial y tantas otras transformaciones, Gran Bretaña se ve hoy empantanada en debates bizantinos sobre leyes anacrónicas que le impiden hacer cambios mínimos porque siempre termina equiparando cualquier modificación del statu quo con una suerte de amenaza leninista a la estabilidad institucional.