El tratado internacional destinado a evitar que los bebés sean comerciados ha sido efectivo sólo parcialmente. Y en algunos casos parece haber dado a este tráfico de seres humanos un sello de autoridad. La Convención de La Haya de 1993 sobre Adopción entre Países requiere que sus 81 países firmantes brinden cuerpos regulatorios para supervisar la adopción, pero a pesar de estas estipulaciones, persisten el abuso y el tráfico de niños.

De acuerdo con Unicef, “la debilidad sistemática” en el sistema de La Haya facilita “la venta y secuestro de niños, coerción o manipulación a los verdaderos padres, falsificación de documentos y sobornos”. Una debilidad clave es el fracaso de la convención para evitar que los países firmantes adopten en países no firmantes, de manera que muchos adoptados en Estados Unidos y Europa vienen de estados sin obligación de supervisar el proceso.

Aun cuando el comercio se hace con los firmantes de la convención, “el abuso, la venta o tráfico de niños” sólo es evitado indirectamente. Aunque los no firmantes están monitoreados muy pobremente, algunos de los peores informes vienen de países como China, que han firmado la convención. El tratado tampoco evita la ganancia financiera en la transferencia de los niños, sólo la ganancia financiera “deshonesta”.

Organizaciones como Unicef, la Cruz Roja, Terre des Hommes y Save the Children están de acuerdo en que los países que adoptan deben tener más responsabilidad para asegurar que la adopción entre países tenga lugar “con los mejores intereses para los niños como consideración primaria”. La dolorosa verdad es que, como dice Terre des Hommes, ningún adulto o pareja “tiene derecho a un niño”, ni siquiera si creen que al ejercer ese derecho pueden estar salvando a un bebé extranjero de la pobreza en “tierras paganas”.