Por P. L.

“Las compañías telefónicas disponen de teléfonos para sordos e incluso de operadores que leen en voz alta los mensajes visuales de esos dispositivos para así integrarlos a la red telefónica general: pero casi nadie puede comprar los aparatos porque, como se importan con aranceles y, además, pagando IVA, resultan carísimos”, comenta Eduardo Joly –presidente de la Fundación Rumbos e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad– para ejemplificar el difícil acceso de los discapacitados a la tecnología que necesitan más que nadie.
Tampoco hay “un estímulo para el desarrollo de tecnologías nacionales, más económicas que las importadas, ni provee el Estado recursos económicos para hacer accesibles las tecnologías”, agrega Joly.
Y señala: “No hay en la Argentina una política pública en materia de discapacidad. Entonces, hay exención impositiva para la importación de autos para discapacitados, que beneficia a quien pueda pagarlos, mientras a nivel nacional no se les brinda transporte público accesible”.
“Tampoco hay un presupuesto para el tema. Cuando lo hubo, a partir de la ley que destinaba a atender la discapacidad la recaudación de las multas por cheques mal confeccionados o sin fondos, los bancos se quedaron con ese dinero y Pedro Pou, ex presidente del Banco Central, les condonó la deuda”, denuncia Joly.