“Lo que quedó claro, a partir de las preguntas de los jueces, es que con la concesión de amparos (a personas que reclaman subsidios habitacionales) no hay una intromisión del Poder Judicial de la Ciudad en acciones de gobierno, sino para garantizar el derecho a la vivienda”, opinó Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante una consulta de Página/12. El especialista en el tema habitacional destacó la importancia de la audiencia pública como “una oportunidad para que la Corte fije un contenido sobre el derecho a la vivienda y un criterio sobre cómo debe actuar el Gobierno de la Ciudad en esa materia”.

“Las preguntas de los jueces fueron más allá del caso concreto, por lo que la resolución final podría comprender la situación de los más de 1200 casos que quedan pendientes”, subrayó Morales. Y comparó esta causa con la de contaminación del Riachuelo o la llamada Causa Verbitsky, sobre la situación en las cárceles.