El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Guillermo Treacy avaló ayer la legalidad del decreto por el cual el gobierno de Aníbal Ibarra dispuso la caducidad de la concesión de la autopista Arturo Illia, al rechazar un recurso de amparo reclamado por la empresa Covimet.
En esencia, el fallo del magistrado convalidó el decreto número 149/03 del Gobierno de la Ciudad por el que se rescindió el contrato de concesión que tenía la empresa sobre la autopista IIIIIia, por considerar que “los elementos aportados –en la solicitud de dictado de la medida cautelar– no permiten establecer la verosimilitud del derecho en cuanto a la configuración y gravedad de los vicios alegados en el escrito de inicio”. Para la ex concesionaria, el decreto de la administración de Aníbal Ibarra “violó de forma manifiesta el debido procedimiento previo” porque a su criterio no le dieron las posibilidades de “exponer sus razones y defender sus derechos”, reclamo que no fue compartido por el juez porteño.
De todos modos, el fallo conocido ayer sólo se refiere al recurso de amparo que la empresa había solicitado para evitar que el gobierno porteño dispusiera la caducidad del contrato y no resuelve la cuestión de fondo, relacionada con la nulidad, esgrimida por la ciudad, del decreto de “reordenamiento contractual” dictado por Fernando de la Rúa, medida por la cual el ex presidente es investigado por la Justicia.