Entre los casos tomados por la Fundación Protección al Testigo figuran los dos de mujeres que tienen, como lazo común, el de ser habitantes de dos villas del Conurbano. A pedido de ellas, se dan nombres ficticios. María tiene seis hijos y fue testigo presencial de un homicidio cometido en su barrio por una bandita local. El móvil del crimen fue el tráfico de drogas y desde que se presentó a declarar ante la Justicia, su familia recibió amenazas de todo tipo. Las cosas pasaron a mayores cuando miembros de la organización atentaron contra el esposo de la testigo. “Al marido de esta mujer le pegaron un tiro en la cabeza y estuvo internado, muy grave.” A pesar de eso, la mujer se presentó a ratificar la denuncia y hoy sigue viviendo en el lugar de siempre, rodeada por las personas que todavía insisten en impedir que el caso llegue a una instancia condenatoria.
La otra mujer sufrió el asesinato de uno de sus hijos, por un grupo que contaría con cierta protección institucional. “El homicidio ocurrió dentro del barrio donde vive la familia, una villa del Gran Buenos Aires, y se produjo en horas del mediodía, a la vista de un montón de vecinos”, dijo a este diario Ricardo Manselle. Por tratarse de un asesinato público, en el caso se presentaron varios testigos que señalaron a los responsables. Desde ese momento, la familia de la víctima fue centro de amenazas y de ataques. “Una noche la mujer estaba en casa, lavando la ropa, cuando escuchó una serie de disparos. Varias perdigonadas atravesaron las paredes de la vivienda y ella tuvo que arrojarse sobre la cama de su hija para protegerla con su cuerpo. La mujer sufrió heridas en un brazo y en las piernas. Uno de los testigos se fue del barrio al otro día y vendió la casa al primero que pasó: le pagaron apenas 100 pesos.”
Un tercer caso tomado por Proaltes fue, en su momento, un juicio emblemático que estableció, por primera vez, una condena fundamentada por las imágenes logradas por Canal 13 utilizando una cámara oculta. El denunciante fue Martín Rocha, un vendedor de panchos que al momento de la denuncia tenía su comercio en la localidad bonaerense de El Palomar. Rocha fue el segundo “testigo protegido” en el marco del programa instaurado por el entonces gobernador Eduardo Duhalde.
“Ernesto Santamaría, uno de los policías que tenía como custodio, me hizo un comentario que me dejó helado: me dijo que me veía ‘muy nervioso’ y que si seguía así ‘me iba a terminar suicidando’.” Ante semejante amenaza, Martín se puso “muy nervioso y muy en serio”. Para “el panchero” Rocha, como quedó instalado en la memoria colectiva, “el problema de ser testigo protegido es que el sistema es coordinado por el procurador general, pero los que son designados para cumplir la tarea de protección son policías a cuyos colegas yo había denunciado y eso nunca se perdona”.
Rocha se había ido con su esposa y sus dos hijas a la ciudad de Mar del Plata, pero después del descomedido comentario de su custodio, resolvió volver al Conurbano bonaerense. Una de las casas donde vivieron estaba en Paso del Rey, donde les ocurrió otro episodio increíble. “En la casa hubo un robo. ¡Me querés decir cómo es posible que entren a robar en un lugar donde había entre dos y tres custodios las 24 horas del día!”, se pregunta todavía.