Las dos denuncias radicadas por los gremios docentes Ademys y UTA-Ctera recayeron en dos fiscalías que aún no resolvieron su competencia. En el caso del primer sindicato, que denunció a la patota por “lesiones” contra tres personas, la investigación quedó en la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 2. La segunda denuncia, hecha por “asociación ilícita agravada”, fue radicada en el Juzgado de Instrucción N° 39, a cargo de Ernesto Boto, e implica penas de prisión más altas, de hasta 20 años. Boto dio parte a la Fiscalía de Instrucción 6, encabezada por Elsa Areu Franco.

“Entendemos que hay otra causa en trámite, por lo tanto estamos evaluando si corresponde trasladar la investigación a esa fiscalía”, señaló a este diario una fuente de la fiscalía de Areu Franco. Sin embargo, el viernes 2 de diciembre, cuando el abogado Ricardo Gagliardi, de Ademys, denunció las agresiones, le explicó a este diario: “Si seguimos avanzando vamos a encontrar una asociación ilícita y agravada porque eran más de diez”. La patota estaba conformada como mínimo por 120 personas, si nadie viajó parado en los cuatro micros fletados para traerlos.

“Existirían indicios de que el grupo violento participante conformaría de manera estable un agrupamiento de los conocidos bajo el nombre de barra brava, que habría sido contratado y/u organizado por persona o personas que se relacionarían con la bancada oficialista y con autoridades de la Legislatura de la Ciudad, entendemos que corresponde investigar la posible adecuación de los hechos denunciados a la tipicidad establecida por el artículo 210 bis (asociación ilícita agravada)”, señala la denuncia presentada por ATE-Ctera.

El artículo 210 bis establece que se impondrá prisión de 5 a 20 años a quien tome parte, coopere o ayude a la formación y mantenimiento de una asociación ilícita, en el marco de los delitos contra el orden público. Para ello deben cumplirse dos de ochos características descriptas en el artículo. Los denunciantes encuentran que podrían darse tres: “Estar integrada por diez o más individuos. Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior. Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.

Una fuente ligada a la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra comentó que lo más complejo es “demostrar que la patota se conformó más allá de un hecho particular, en este caso el ataque a los docentes, sino que existe con la finalidad de cometer otros delitos”. Los Homeros, la facción de la barra brava de Dock Sud que integran El Mudo Damián y Mariano García está acusada de agredir en mayo de 2009 a tres personas que realizaban una pintada para la entonces candidata a diputada del peronismo disidente Mónica López.