La Justicia argentina ya comenzó a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista de empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados. La querella se basa en los mismos principios de justicia universal que permitieron al juez Baltasar Garzón abrir una megacausa contra las dictaduras argentina y chilena, y detener a Augusto Pinochet en Londres 1998.

En estos días, sin embargo, Garzón está siendo interrogado en el marco del jury que le iniciaron sus pares españoles por tratar de esclarecer y juzgar los crímenes del franquismo. “Como dice él, en España todavía se vive el franquismo”, subraya Adriana Fernández, querellante por el fusilamiento de su abuelo en 1936. Garzón denunciaba en su causa que hubo al menos 114 mil desapariciones forzadas y 30 mil bebés apropiados.

Desde Argentina seguirán el camino que el juez dejó trazado, antes de que lo demandaran por “prevaricato” –haber actuado en contra de la ley a sabiendas, es decir por haber tratado de investigar, aunque conocía la ley de Amnistía de 1977–. La querella argentina se inició con dos demandas que impulsaron a otros familiares y víctimas a integrarse.

Adriana es una de las que se sumó a la causa. En diálogo con Página/12 dice que se siente esperanzada. “A pesar de que las realidades son diferentes. Yo creo en que los pueblos en su conjunto en algún momento tomarán conciencia de que los crímenes de los terrorismos de Estado son contra la humanidad. Quizá la diferencia es que acá, al ser siempre pueblos oprimidos que buscan libertad, sabemos salir a luchar. Y eso debemos seguir haciendo.”