“Nos sentimos ignorados en nuestros reclamos. Hace ocho años que estamos en esta lucha y seguiremos peleando, pero necesitamos que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) nos reciba, que nos dé información y se nos escuche”, expresó el presidente de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Oscar Bargas, a este diario. Por eso, aseguró, la recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Nación de formalizar la participación de la organización “resulta muy positiva”.

La falta de información es uno de los temas más angustiantes en Gualeguaychú. “Hace más de dos semanas pedimos por carta a Hernán Orduna (presidente de la delegación argentina en la CARU) que nos reciba, porque fuentes no oficiales aseguran que investigadores argentinos han detectado caños clandestinos que tiran los efluentes crudos al río Uruguay desde la planta Botnia-UPM. Queremos que Orduna ratifique o rectifique esto. Pero aún no hemos recibido respuesta.”

Según el asambleísta, el “hermetismo es total en todo sentido”. Hasta el momento, “el Comité Científico (conformado por dos expertos argentinos y dos uruguayos, responsable de monitorear los efluentes líquidos y gaseosos de la planta) hizo nueve inspecciones, pero ningún informe”. Además, “la Corte de La Haya determinó que la inspección debe ser continua y permanente para que la planta no logre salirse de los parámetros. Eso no se cumple”, señaló a Página/12.

Martín Alazard, integrante de la Asamblea, destacó que “están procesados por omisión cuatro manifestantes que acompañaron el corte de la ruta 136, en Paraje Arroyo, hace dos años y medio, acusados de no haber asistido a un accidentado. Están judicializando nuestra protesta”.

Para Alazard, la participación ciudadana sería una herramienta muy positiva. “No queremos enviar a un compañero a trabajar dentro de la CARU, sino que se articule un mecanismo de participación transparente, pública, no rentada y con la posibilidad de que se trabajen mecanismos de consulta vinculantes”, explicó.

La población de Gualeguaychú, coinciden ambos, es “la víctima argentina más inmediata” y tiene derecho a recibir información. “Esto no es un trámite de oposición al Gobierno, nada más contrario a eso –dijo Bargas–-. Pero vemos a nuestros paisanos del campo, los que viven a la ribera del río. Son tipos muy duros, pero los hemos visto llenos de lágrimas porque se van a tener que ir de ahí porque ya no aguantan los olores nauseabundos. Sólo estamos pidiendo que haya una mesa de diálogo para que entre todos, ciudadanos y funcionarios, podamos preservar el agua.”

Informe: R. M.