“Con el paco, la despenalización no basta, es otra cosa”, dijo ayer el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y aclaró que además se debe hacer un trabajo intenso en el tratamiento y los protocolos, por lo que ya envió un proyecto, que fue presentado por el diputado Omar Plaini. “En un principio se creía que el paco era pasta base, pero no se entendía, por el volumen que implica trasladar esa pasta desde los países productores. Hoy sabemos que en verdad es cocaína rebajada para fumar, un residuo que permite sacar millones de dosis de un kilo de esa sustancia”, informó el magistrado, luego de aclarar que el consumo es ínfimo en relación con las demás sustancias, pero implica un grave problema de salud.

“En los códigos de la villa, el consumidor (de paco) no es un líder, es un marginado al que echan de la casa porque vende lo que puede consumir y termina mal alimentado, durmiendo en la calle y con graves problemas de salud. Los sistemas de atención lo patean: para el hospital público es un tema psiquiátrico, para los manicomios es una toxicodependencia y en otros centros de salud lo rechazan. La cuestión hoy pasa por abrirles una nueva perspectiva de vida”, advirtió el juez.

En este sentido, Zaffaroni explicitó que se debe tener una “política social activa” y comentó que detrás del paco no hay redes delictivas a gran escala, ya que su fabricación es “artesanal”, en “cocinas” que dan origen a “una mafia barrial”. También la fiscal Mónica Cuñarro apuntó que el paco es “cocaína fumable” con el agregado de solventes, pegamentos y otros aditivos y marcó la necesidad de “no estigmatizar” a estos usuarios. Ignacio O’Donell, de la Sedronar, aseguró que alejar y encerrar por años a un usuario de paco no es la cura. “La cura a largo plazo se tiene que dar dentro de la propia comunidad”, dijo.

El proyecto de Plaini fue girado a las comisiones de Legislación del Trabajo, de Acción Social y Salud Pública y de Obras Públicas de Diputados y plantea la creación de “un programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social”. Los destinatarios, agrega el proyecto, deben ser jóvenes de entre 18 y 30 años, “egresados de comunidades terapéuticas, hogares de convivencia, aquellos derivados por los programas de prevención y asistencia en materia de consumo de sustancias psicoactivas y por las organizaciones que celebran convenios con el Estado Nacional”.

El programa se propone fomentar “su empleabilidad a través del desarrollo de acciones de capacitación, oferta de empleo y orientación laboral y educativa. La inclusión en el programa es voluntaria garantizando la confidencialidad del antecedente”. También pueden ser incorporados jóvenes de 16 y 17 años “por razones debidamente fundadas por los equipos técnicos de salud o de las áreas sociales y otros organismos intervinientes”.