Aun con su resolución, si el caso de Wanda Taddei se convirtió en punto de inflexión, lo fue “porque ha generado un efecto contagio, como se puede ver en el día a día de la asistencia a víctimas”. Eso afirma Fabiana Túñez, coordinadora de la ONG La Casa del Encuentro, convencida de que la casuística cotidiana demuestra que la Justicia y las políticas públicas todavía están lejos de haber adquirido una nueva dinámica, urgente y con las víctimas como prioridad, ante casos de violencia de género.

–A las mujeres incineradas, cuando llegan con más del 50 por ciento del cuerpo quemado, en el hospital las hacen ingresar en coma farmacológico, razón por la cual la víctima no llega a declarar nada. La familia en ese momento está más preocupada por la víctima que por todo el proceso judicial en sí, con lo cual la Justicia no es urgida por los querellantes y no actúa rápido. Eso termina dando tiempo al agresor para acomodar la escena del crimen y también su relato. Sucede que es la familia quien tiene que impulsar la causa al presentarse como querellante, pero también es cierto que la familia tiene que estar detrás del expediente, porque si no los peritajes y medidas judiciales se demoran terriblemente. Y eso, en casos de familias con buen pasar económico.

–¿Qué diferencias plantea que hace la Justicia?

–En la mayoría de los casos, cuando se tata de familias de sectores más vulnerables, dependen de defensores oficiales que siguen esas mismas rutinas. El acceso y lo que sucede después no son iguales para todos. Si en el caso de Wanda Taddei no se hubiera generado el revuelo que se generó y no se hubiera admitido una instancia de actuación del perito de parte pagado por la familia, no habríamos llegado a este punto.

–¿Por qué?

–El perito oficial argumentaba el peritaje sobre la base de declaraciones de Vásquez. No buscaba sino a partir del relato de él. Y la verdad es que en este caso también se notó una diferencia a partir del cambio de juez a la jueza, que era una jueza con perspectiva de género, y que empezó a entender la causa desde otro lugar.

–El sesgo de género sigue existiendo en la Justicia.

–Hay jueces y juezas que sí tienen perspectiva de género, pero la gran mayoría no la tiene y todavía no se han generado las suficientes políticas públicas para capacitar a todas y todos los efectores de la Justicia. Es uno de los puntos centrales que están pendientes para tener política pública más intensa al respecto. Para eso es preciso más presupuesto.

–¿En qué podría traducirse más presupuesto?

–Por empezar, en generar instancias de capacitación, no sólo a jueces, sino también a médicos, psicólogos y otros profesionales que terminan interviniendo en casos de violencia de género aun cuando no haya una capacitación. Es importante que esto esté incorporado en las currículas de todas las profesiones, pero especialmente en las de aquellas que terminan interviniendo en casos de violencia.

–¿Qué falta?

–Además de capacitaciones y acceso igualitario a la Justicia, más campañas de prevención e información. También aumentar la cantidad de hogares-refugio con equipos multidisciplinarios de atención, una asignación económica temporal a las víctimas, y sancionar la ley de femicidios. Pero las diputadas y los diputados, cuando llega el momento de discutir el presupuesto de áreas tan sensibles a las mujeres y el género, deben acordar un presupuesto que permita prevenir, informar y actuar en asistencia directa en forma rápida.